Costa Rica: Piden controles sobre transgénicos
Jeymer Gamboa
Semanario Universidad - www.semanario.ucr.ac.cr
enero 2002
Piden controles sobre transgénicos
JEYMER GAMBOA
redactor
Costa Rica carece de un procedimiento de verificación
y control sobre productos modificados genéticamente
que podrían ingresar al mercado nacional.A pesar de que hasta el momento en Costa Rica no se
ha autorizado oficialmente el consumo de organismos
modificados genéticamente (OMG), es probable que
alimentos importados como granos, aceites y alimentos
preparados con soya, maíz y vegetales, contengan
derivados transgénicos. De ahí se deduce que estos
podrían formar parte de la cadena alimentaria de la
población costarricense.Desde que se aplicó la ingeniería genética para
modificar e introducir nuevas características a los
alimentos, el debate sobre los riesgos y beneficios de
estos productos ha sido intenso. En el ámbito
internacional, se han establecido estrictos controles
para el manejo seguro de estos productos, por lo que
en algunos países se han modificado la legislación y
los reglamentos.Representantes de diferentes instancias, aseguraron a
UNIVERSIDAD que en Costa Rica no se controla la
importación de transgénicos, y tampoco se utilizan
procedimientos para su identificación, ni una
regulación específica para su consumo y etiquetado.
Empero, sí se regula su producción para la exportación
de semillas y con fines de investigación.SEMILLAS AL EXTERIOR
Según Wálter Quirós, de la Oficina Nacional de
Semillas y representante en el Comité Técnico Nacional
de Bioseguridad (CTNB), la primera experiencia en
cuanto a producción de semilla transgénica en Costa
Rica, comenzó en 1991. La iniciativa fue de una
empresa privada norteamericana que deseaba producir
soya transgénica resistente al herbicida glifosato.Como no se tenía una experiencia previa con este tipo
de semillas, se convocó a un grupo de expertos de
diferentes áreas para darle trámite a la solicitud;
éste sería el propulsor del CTNB, que desde entonces
le da seguimiento a los proyectos y a las solicitudes.
En consecuencia, se incrementaron las áreas de
producción de semilla en maíz, algodón y soya
transgénica, y los rasgos introducidos son resistencia
a herbicidas e insectos.Además, se cultivan en zonas como Cañas, Liberia,
Upala y algunos lugares de Puntarenas y Alajuela,
toda para exportación (ver gráfico).Según Quirós, la CTNB, a través de la Ley
Fitosanitaria y su reglamento, que incluye un capítulo
sobre transgénicos, se encarga de conceder los
permisos y asesorar a las instituciones oficiales
involucradas en la importación, experimentación,
liberalización y comercialización de estos organismos.
Agregó que esta tecnología ofrece muchos beneficios,
pero también presenta riesgos potenciales como
alergias y resistencias a antibióticos, que son la
justificación para las medidas de bioseguridad que se
están exigiendo en Costa Rica.Asimismo, en el ámbito internacional hay una serie de
directrices para el manejo de esta tecnología,
incluido el Protocolo Internacional de Bioseguridad,
que Costa Rica está por ratificar y que formaría parte
del Convenio de Biodiversidad al cual el país está
suscrito.ETIQUETAR O NO
Para Quirós, la legislación está bien concebida,
siempre que no se convierta en un obstáculo para el
desarrollo tecnológico y se desarrolle la capacidad
para comprender y asimilar prudentemente esta
tecnología.Sin embargo, reconoció que es posible que estén
ingresando al mercado nacional productos con algunos
derivados transgénicos y ese podría ser el caso de los
procesados con soya y maíz."En Costa Rica no existe un sistema o plan sistemático
de evaluación de estos productos que se están
introduciendo, para determinar si se trata de
transgénicos. El CTNB sólo asesora a algunas
instituciones en el caso de productos vegetales que se
utilicen específicamente en agricultura, no en consumo
humano", explicó el ingeniero.En su opinión, el país debe desarrollar esta capacidad
de detección, que compete al Ministerio de Salud, y
fijar la necesidad de que los OMG y derivados tengan
su respectiva etiqueta, ya que es un derecho de los
consumidores saber lo que están comprando."Este sigue siendo un tema en discusión, porque hay un
criterio de que los OMG no presentan una diferencia
significativa de los productos convencionales. Además
pasan por estrictos controles internacionales antes de
salir al mercado", añadió.Por su lado, consultada sobre las políticas en
materia de etiquetado en los OMG, Laura Ulate, de la
Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medidas, dijo
que en Costa Rica no se aplica ninguna normativa para
exigir el etiquetado en los OMG.Tampoco se utilizan metodologías para su verificación
o para identificar sus derivados en productos
procesados. Por tanto, no se llevan controles o
registros de cuáles y cuántos OMG ingresan al país.Sin embargo, Ulate, informó que se está preparando un
foro nacional, en una fecha por definir, para
discutir el tema del etiquetado, con la participación
de expertos internacionales de países europeos y de
Argentina involucrados en experiencias similares.El propósito de este foro es que el país, a través del
Ministerio de Salud, tome una decisión definitiva con
respecto al etiquetado de OMG, posición que deberá
defender en el mes de mayo en Canadá, ante el Codex
alimentario, organismo que dicta las normas
internacionales que sirven de orientación a la
industria alimentaria. Para la funcionaria, existe la
capacidad técnica para llevar a cabo los
procedimientos de verificación y regulación del
etiquetado, tanto en productos vegetales como
manufacturados, pero no será sino hasta mayo cuando
se tenga una posición definitiva.LOS QUE SE OPONEN
Respecto a la importación y uso de OMG en el país,
existe el proyecto "Costa Rica libre de transgénicos",
planteado por un grupo de organizaciones sociales con
la intención de abrir el debate y de esta forma exigir
mayores regulaciones e información a los consumidores,
informó Juan Arguedas, de la Coordinadora de proyectos
Alternativos de Desarrollo (COPROALDE).De acuerdo con el agrónomo, este plan consiste en
hacer un estudio exhaustivo sobre lo que se desarrolla
en materia de transgénicos en el país, quiénes
realizan las investigaciones, los ensayos y
regulaciones, y los impactos sociales, la soberanía
alimentaria y la salud.Aparte de investigar y documentar, este plan contempla
discusiones con los campesinos, los indígenas y otros
sectores sociales. También se pretende producir
diferentes materiales de consulta para informar a los
consumidores y a los agricultores sobre los OMG y
promover la participación en debates.Este proyecto lo desarrolla la Pastoral Social de
Pérez Zeledón, COPROALDE, CEDECO y una organización de
productores de banano orgánico.También reconoció el esfuerzo de la Red de
Biodiversidad, en la cual participan Mesa Campesina,
Mesa Indígena, FECON, grupo CAMBIO de la UNA y
COPROALDE, por trabajar en pro de los derechos
comunitarios y normas de acceso con participación de
la sociedad civil.Para Arguedas, los OMG promueven una dependencia en
los agricultores del paquete tecnológico, por lo que
utilizan mayores cantidades de agroquímicos y
producen mayores condiciones de monocultivo.< Agregó que es importante poner en práctica un
reciente pronunciamiento de la FAO, en el cual se
asegura el derecho de los agricultores de reproducir
las semillas que deseen o necesiten. Esto es
importante porque las patentes ponían en peligro la
seguridad alimentaria y el conocimiento de la
agricultura tradicional de indígenas y campesinos.Por último, llamó la atención sobre el papel de las
universidades en cuanto a las investigaciones, si lo
hacen para el desarrollo del país o hacia la
concentración de riqueza de las transnacionales. En
este ámbito, criticó la inmadurez de sectores de las
universidades que se limitan sólo al campo científico
y académico y no dejan espacio para el diálogo ni el
trabajo conjunto con otros actores sociales, en
aspectos de regulación e implicaciones sociales y
ambientales.POLEMICA
Por otro lado, la discusión sobre los OGM no ha pasado
inadvertida en la UCR, que ha invitado a expertos
internacionales para que expongan sus puntos de vista.
En diciembre del año pasado, la Escuela de Biología
organizó un seminario sobre biotecnología y cultivos
transgénicos en el cual participó, entre otros, Ariel
Alvarez, del Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) de México.Según Alvarez, problemas como disminución de la
capacidad de sobrevivencia de algunas plantas,
alteración entre plantas y animales y efectos sobre
otros organismos que no se desea afectar, son
dificultades reales, pero que no ocurren solamente con
organismos transgénicos sino, también con variedades
convencionales.Mencionó que las evaluaciones que hacen los comités
especialistas no aseguran la total ausencia de
riesgos, pero de acuerdo con esos datos los riesgos
son mínimos y son comparables con los productos
convencionales que según la FAO son sustancialmente
equivalentes con los OMG."La experimentación de campo es necesaria para la
obtención de nuevos datos e información, sin ella no
habrá ganancia de conocimientos. Una alternativa es el
monitoreo y escoger aquellos mecanismos que nos
permitan vigilar estos cultivos a lo largo del tiempo
para ver cualquier efecto diferente o comportamiento
anormal" afirmó Alvarez.Por su parte, Miguel Altieri, de la Universidad de
California en Berkeley, quien impartió el año pasado
una conferencia en la Facultad de Agronomía sobre los
riesgos de los OMG, criticó el prematuro lanzamiento
comercial de estos alimentos en el contexto de un
marco regulador inadecuado y poco transparente.Según Altieri, dado que ningún científico puede
aseverar que dichos alimentos están libres de riesgos,
como alergias en los seres humanos y daños a la
biodiversidad, se puede considerar que la mayoría de
la población está siendo sometida a un experimento de
alimentación a gran escala.“ Las semillas genéticamente modificadas están bajo
control corporativo y bajo la protección de patentes.
Además al crear cultivos resistentes a herbicidas como
el bromoxil y gifosato, se crea una dependencia en los
agricultores, tanto de las semillas modificadas como
del producto, ambos producidos por la misma compañía
que de esta forma se asegura el mercado," dijo.Detalló que estos herbicidas se acumulan en frutas y
tubérculos, causan defectos congénitos en animales y
pueden producir cáncer en los seres humanos.Altieri mencionó como ejemplo el conflicto ético que
generan estas compañías con la tecnología
“terminator", patentada por Delta Pine Land Co.,
subsidiaria de Monsanto, la cual consiste en que un
gen conocido como Terminator regula la fertilidad de
las semillas, así el agricultor las plantará y
obtendrá granos estériles, por lo que deberá
comprarlas cada vez que quiera sembrar.Recalcó que los países tienen derecho de oponerse a la
importación de productos transgénicos sobre los cuales
haya sospechas de que representen un riesgo para la
salud o el ambiente.EL CASO "STAR LINK"
Uno de los escándalos más sonados se dio en el 2000
cuando se detectó el maíz transgénico Stark Link, del
gigante farmacéutico Aventis en productos comestibles
en los EE.UU, cuyo consumo solo había sido autorizado
para animales y que producía alergias en los seres
humanos.Después de esto cerca de 300 productos para consumo
humano fueron retirados del mercado estadounidense, lo
que causó enormes pérdidas económicas a agricultores,
procesadores y comerciantes.Según un artículo de Kristin Dawkins, del Institute
for Agriculture and Trade Policy, de Minnesota, una
vez que la contaminación fue descubierta (no por los
inspectores gubernamentales, sino por organizaciones
no gubernamentales opuestas a los alimentos
genéticamente modificados), el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos se deshizo del producto
aprobando oficialmente el StarLink para la
exportación. Con ello trasladó la responsabilidad a
los países importadores para que objetaran las
importaciones de StarLink y para que hicieran pruebas
a sus proveedores.
Señala el artículo que en Estados Unidos los esfuerzos
para sacar el StarLink del mercado se estimó en un
costo superior a los cien millones de dólares.Según una información de Reuters, ese año El Salvador
prohibió la importación y venta de 75 productos que
contenían el maíz modificado genéticamente,
relacionado con la categoría Stark Link, medidas que
tomaron otros países como Japón.¿Cuándo adoptará Costa Rica este tipo de regulaciones?
Es la interrogante que se hacen algunos consumidores
que empiezan a informarse sobre del tema.http://www.semanario.ucr.ac.cr/pais.html#p4