Colombia,
Estados Unidos y la amenaza a la soberanía venezolana
James
Petras
Rebelión
20
de enero del 2005
Traducido para Rebelión por J. A. Julián
Un conflicto diplomático y político de importancia
surgió entre Colombia y Venezuela tras el descubrimiento
de una operación encubierta del Gobierno colombiano en
Venezuela, consistente en el secuestro de un líder izquierdista
colombiano, Rodrigo Granda, en la que estuvieron implicados efectivos
reclutados entre los servicios militares y de seguridad de Venezuela.
Tras
una investigación realizada por el Ministerio venezolano
del Interior y tras analizar el testimonio y los informes de periodistas
y otros observadores políticos bien informados se llegó
a la conclusión de que la planificación y la ejecución
de esta violación flagrante de la soberanía venezolana
es responsabilidad de los más altos niveles del Gobierno
colombiano, incluido su presidente, Álvaro Uribe. Una vez
establecida la participación directa del Gobierno de Colombia,
el Gobierno venezolano solicitó una disculpa pública,
a la vez que buscaba una solución diplomática, cargando
la responsabilidad en los consejeros presidenciales colombianos.
El régimen colombiano pasó inmediatamente a la ofensiva
y puso en marcha una agresiva defensa de su implicación
en la violación de la soberanía venezolana y, a
mayor abundamiento, de su pretensión de legitimar actos
futuros de agresión en base al concepto de "seguridad
nacional". Como consecuencia, el presidente Hugo Chávez
retiró a su embajador en Bogotá y suspendió
todos los acuerdos comerciales y políticos de Estado a
Estado hasta tanto se produzca una disculpa pública oficial.
En respuesta, el Gobierno de EE UU dio su apoyo incondicional
a la violación colombiana de la soberanía venezolana
y exhortó al régimen de Uribe a agravar aún
más el conflicto. Lo que comenzó como un conflicto
diplomático relacionado con un incidente específico
se ha convertido en una crisis grave y definitoria en las relaciones
políticas de EE UU y América Latina, con consecuencias
militares, económicas y políticas potencialmente
explosivas para toda la región.
Un
conflicto con mucho en juego
Al
justificar el secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda, líder
izquierdista colombiano, el Gobierno de Uribe anunció una
nueva doctrina de política exterior que reproduce la de
la Administración Bush: el derecho de intervención
unilateral en cualquier país del que el Gobierno colombiano
sospeche o asegure que está proporcionando refugio a adversarios
políticos del Gobierno (que el régimen tacha de
"terroristas") que pudieran amenazar la seguridad del
Estado. La doctrina Uribe de intervención unilateral reproduce
el discurso de guerra preventiva lanzado a finales de 2001 por
el presidente Bush. Resulta evidente que la acción y las
declaraciones de Uribe muestran una influencia profunda de la
dominación que Washington ejerce sobre las políticas
del actual gobierno colombiano a través de su programa
ampliado de ayuda militar, de 3.000 millones de dólares
por año, y la consiguiente penetración de todo el
aparato de la política de defensa.
La
doctrina militar ofensiva de Uribe implica varias propuestas políticas
importantes:
1.
el derecho a violar la soberanía de cualquier país,
incluso mediante el uso de la fuerza y la violencia, directamente
o con ayuda de mercenarios locales;
2.
el derecho a reclutar y corromper funcionarios militares y de
seguridad para servir los intereses del Estado colombiano;
3.
el derecho a asignar fondos destinados a contratar cazadores de
recompensas o "terceros" a fin de que realicen acciones
violentas e ilegales en otros países;
4.
la confirmación de la supremacía de las leyes, los
decretos y las políticas colombianas sobre y contra las
leyes soberanas del país en el que se decide intervenir.
La
doctrina Uribe es con toda evidencia una repetición flagrante
de las declaraciones globales imperialistas de Washington, que
tiene por objeto hacer de Colombia una potencia subimperialista
regional subordinada a EE UU. Si bien la actual agresión
concreta afecta a las relaciones de Colombia con Venezuela, la
doctrina Uribe sienta las bases para la intervención militar
unilateral en todo el hemisferio. La doctrina Uribe es una amenaza
para la soberanía de cualquier país en el hemisferio:
su intervención en Venezuela y la justificación
de ésta proporciona un precedente para la agresiones futuras.
Precedentes
recientes de intervención unilateral
La
doctrina Uribe no es original: es una imitación de las
declaraciones de la Administración Bush y del Gobierno
israelí. Ambos Gobiernos han proporcionado un falso marco
legal para su intervención extraterritorial en otros países.
En los últimos cinco años, el Pentágono se
ha venido jactando abiertamente de tener "fuerzas especiales"
dedicadas a realizar operaciones de comando en el mundo entero,
entre cuyas misiones figuran asesinatos de "terroristas sospechosos".
El Estado judío es conocido por sus "pelotones de
la muerte" extraterritoriales, las acciones de algunos de
los cuales se han llegado a conocer públicamente.
La
adopción y la práctica colombiana de la citada política
extraterritorial, como parte de su estrategia de intervención
unilateral, no es una coincidencia, toda vez que las fuerzas colombianas
de seguridad han sido formadas y aconsejadas por las policías
políticas secretas estadounidense e israelí. Más
directamente, Washington, a través de su programa militar
de ayuda de 3.000 millones de dólares, está en una
posición de control y mando de todos los sectores del Estado
colombiano, y es por lo tanto capaz de determinar la doctrina
de seguridad del Gobierno. Es todavía más relevante
el hecho de que Uribe cuenta personalmente con una larga práctica,
a gran escala, de utilización de pelotones de la muerte
antes de su llegada a la Presidencia y antes de la recepción
de la ayuda masiva de EE UU. Al tomar prestada la doctrina Bush
de su Estado-patrón, Uribe ha internacionalizado las prácticas
de terror que ha llevado a cabo durante los últimos veinte
años en Colombia.
Antes
de la reciente oleada de secuestros transfronterizos de perfil
alto (Trinidad en Ecuador, Granda en Venezuela), el Gobierno Uribe
realizó intervenciones frecuentes de secuestro y asesinato
líderes de populares y soldados de países vecinos,
a la vez que proporcionó apoyo material y político
a presuntos golpistas, especialmente en Venezuela. Docenas de
refugiados colombianos que huían de los pelotones de la
muerte fueron perseguidos hasta Venezuela y asesinados o secuestrados
durante los últimos tres años por fuerzas colombianas
paramilitares y de seguridad. Seis soldados venezolanos cayeron
víctimas de las fuerzas colombianas de seguridad en un
incidente "inexplicado". Más recientemente, en
2004, más de 130 efectivos paramilitares colombianos, y
otros irregulares, se infiltraron en Venezuela para realizar actos
de violencia terrorista de provocación, a fin de encaminar
el golpe de estado de los opositores venezolanos y sus colaboradores
estadounidenses. Poco después, las fuerzas colombianas
de seguridad y la CIA intervinieron en Ecuador para secuestrar
a un antiguo negociador de paz de las FARC, el más importante
grupo guerrillero de Colombia.
Lo
que es nuevo, y más nefasto, es que la política
de facto del Gobierno Uribe de extraterritorialidad se ha convertido
en una doctrina estratégica de jure de intervención
militar unilateral. Colombia ni siquiera disimula en su práctica
de una política selectiva encubierta de violación
de la soberanía de otros países, sino que ha declarado
públicamente la supremacía de sus leyes y de su
derecho a aplicarlas en cualquier lugar del mundo en el que unilateralmente
decida que está en juego su seguridad nacional. Las groseras
violaciones por parte de Colombia de la soberanía venezolana
y ecuatoriana son una política aprobada y dictada exclusivamente
a los más altos niveles del Estado colombiano –prerrogativa
exclusiva del presidente Uribe– aprobada claramente al más
alto nivel del Gobierno de EE UU por su principal portavoz diplomático
en Colombia, el embajador Woods ("Aprobamos la acción
de Uribe al 100%"). El incidente Granda no es simplemente
un incidente diplomático aislado que pueda resolverse a
través de unas negociaciones bilaterales de la buena fe.
El secuestro forma parte de una más amplia estrategia que
implica preparativos –ideológicos, políticos
y militares– para una confrontación político-militar
de gran envergadura con Venezuela.
Las
finalidades de la doctrina Uribe
La
articulación y práctica de la doctrina Uribe tiene
varias finalidades.
Una
coincide con la política imperialista estadounidense y
de las élites colombianas, de derrocar el Gobierno Chávez
para eliminar la oposición a la dominación imperial
de EE UU a nivel internacional y regional. Chávez se opone
a las guerras de EE UU en Irak y Afganistán, así
como a sus planes para invadir Irán y, en América
Latina, Chávez se opone al Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas.
En
segundo lugar, la doctrina Uribe intenta destruir los lazos comerciales
cubano-venezolanos, a fin de desestabilizar el Gobierno revolucionario
cubano.
En
tercer lugar, la doctrina Uribe está dirigida a mantener
a Venezuela como exportador exclusivo de petróleo a EE
UU, en un momento en que el Gobierno Chávez ha firmado
acuerdos comerciales para diversificar sus mercados petroleros
a China y otros países.
En
cuarto lugar –y sin duda es el aspecto más importante
desde la perspectiva estricta de la supervivencia del Gobierno
Uribe–, resulta fuertemente perturbador para el Gobierno
colombiano el impacto social positivo que las políticas
de bienestar Chávez tienen entre la mayoría de colombianos
que viven en la pobreza, especialmente su reforma agraria recientemente
anunciada y su defensa de las empresas públicas nacionales
(especialmente la empresa petrolera estatal) dentro del marco
de instituciones libres y democráticas. Las políticas
de austeridad de Uribe, el desplazamiento por vía militar
y paramilitar de 3 millones de campesinos, su promoción
creciente de la concentración de la riqueza y de la reducción
radical de los servicios sociales, y, peor aún, las violaciones
sistemáticas y de gran envergadura y largo plazo de los
derechos humanos y democráticos colocan a Uribe en las
antípodas de la Venezuela del presidente Chávez,
que proporciona una alternativa viable, accesible y visible de
fácil comprensión para los miles colombianos que
emigran a Venezuela. Con su intervención en Venezuela,
su apoyo a EE UU y a sus golpistas locales, Uribe espera socavar
el atractivo político de toda política revolucionaria,
tanto si ésta toma la forma electoral, guerrillera o de
movimientos sociales.
La
finalidad más inmediata de la doctrina Uribe es derrotar
los movimientos guerrilleros colombianos, formados por unos 20.000
combatientes, que controlan o influencian la mitad del territorio
de Colombia. El propósito de las recientes intervenciones
es ejercer presión sobre los Gobiernos vecinos para aliarse
con los pelotones de muerte colombianos en una campaña
regional destinada a resolver los problemas internos de las élites
sociales colombianas; es decir, el propósito es la aniquilación
de la oposición a la dominación regional por parte
de EE UU. La rimbombante campaña internacional de propaganda
"antiterrorismo" del Gobierno Uribe es la admisión
del fracaso de su campaña interna de contrainsurgencia.
Las acusaciones de Uribe de que el Estado venezolano "está
protegiendo" o "está proporcionando santuario
a los terroristas" son claramente falsas, y Uribe no proporciona
ninguna prueba sistemática de ello. El objetivo real es
someter a chantaje al Estado venezolano –o a sus sectores
más débiles y maleables– para que abdiquen
de su papel de mediadores neutrales de paz y se sometan a las
órdenes del aparato securitario de Colombia y EE UU.
Terrorismo:
Propaganda y práctica
Es
un hecho reconocido mundialmente que el Gobierno Uribe es uno
de los gobiernos que practican las peores formas de terrorismo
de Estado en el mundo en el nuevo milenio. Decenas de miles de
campesinos, activistas de los derechos sociales y humanos, sindicalistas
y periodistas han sido asesinados directamente por las fuerzas
de seguridad, sea directamente por los militares, sea por grupos
paramilitares financiados por el Estado. Cada día del año,
docenas de campesinos y críticos del régimen son
asesinados. El terror de Estado es la característica definitoria
del Gobierno Uribe y de la misión consultiva y militar
de EE UU que lo asiste. Sin embargo, a la manera más clásicamente
totalitaria, es el verdugo terrorista quien acusa a las víctimas
de los crímenes cometidos contra éstas.
Uribe
envió un cuerpo de 130 paramilitares para aterrorizar Venezuela,
dio apoyo a un golpe violento fallido y luego proporcionó
asilo y apoyo material a los miembros principales del golpe en
su exilio, y de manera flagrante sobornó a soldados venezolanos
para que traicionasen a su país para perpetrar un secuestro:
este Uribe acusa ahora a Chávez de acoger a terroristas
y pide una "conferencia internacional sobre el terrorismo".
El propósito de Uribe al hacer esta demanda de una conferencia
regional no es discutir el terrorismo de Estado, que es endémico
y está fuertemente incrustado en su régimen (con
el apoyo de EE UU), sino justificar la propia doctrina Uribe de
intervención unilateral y movilizar a otros clientes regionales
de EE UU en apoyo de su guerra interna y ejercer presión
sobre el Gobierno Chávez para que se subordine a la doctrina
securitaria de Colombia.
Chávez
ha reconocido la amenaza mayor a la seguridad que plantea el secuestro
antes citado y ha suspendido los proyectos económicos y
militares de Estado a Estado, a la vez que ha retirado a su embajador
en Bogotá. Ha propuesto a Uribe una reunión bilateral
de jefes de Estado para resolver las diferencias por lo que se
refiere al secuestro y a otros incidentes parecidos. Ni las importantes
maniobras diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores
venezolano ni la agresiva campaña de propaganda del Estado
de seguridad colombiano permiten ignorar el hecho de que el Estado
colombiano, en defensa de sus propios intereses y de los del Estado
imperial de EE UU, están siguiendo una línea de
confrontación militar directa con Venezuela.
Implicaciones
de la doctrina Uribe
Las
implicaciones políticas y militares de la doctrina Uribe
suponen un desvío extremo de las normas reconocidas del
Derecho internacional y se aproximan a las prácticas beligerantes
de los sátrapas imperiales. Si todos los países
aplicasen la doctrina Uribe estaríamos ante un mundo de
guerras constantes, conquistas y luchas de liberación prolongadas
en América Latina.
La
doctrina Uribe exige un estado de beligerancia permanente que
le permita intervenir militarmente más allá de sus
fronteras nacionales en la persecución de su oposición
revolucionaria. Esta política significa que todos y cada
uno de los países latinoamericanos debería limitar
su soberanía según las definiciones colombianas
de la "seguridad nacional". Esto es claramente inaceptable
para cualquier país independiente, como Venezuela, pero
en cambio el régimen de Gutiérrez en Ecuador ha
aceptado ser un "cliente de segundo nivel", un cliente
del Gobierno Uribe que a su vez es un cliente de EE UU.
Igualmente
grave, la doctrina Uribe rechaza las fronteras reconocidas, lo
que significa que se otorga el derecho a violar fronteras nacionales
sin consultar a los países cuyas fronteras viola. El no
reconocimiento de fronteras y límites nacionales está
a un paso, corto, de la anexión de regiones adyacentes,
por razones de "seguridad" o económicas. En el
reciente pasado (1992), Colombia estuvo a punto de provocar la
guerra con Venezuela, al enviar sus buques de guerra a aguas venezolanas.
El concepto que maneja Uribe de una guerra ideológica internacional
sin fronteras es una reproducción exacta del proyecto imperial
de Bush trasladado a la región andina. Claramente, Uribe
aspira a desempeñar un papel subimperial en la región
septentrional de América del Sur, bajo la tutela de EE
UU.
La
doctrina Uribe constituye un rechazo inequívoco de todos
los principios de las Naciones Unidas y es una violación
del derecho internacional, ya debilitado por el asentimiento de
la mayoría de los principales países latinoamericanos
a la invasión conducida por EE UU de Haití, el secuestro
de su líder elegido (el presidente Bertrand Aristide) y
la presencia de unidades militares coloniales latinoamericanas
en la isla.
Por
último, la doctrina Uribe permite hacer avanzar el funcionamiento
militar conjunto entre EE UU y las fuerzas armadas de Colombia
como escudo avanzado para la consolidación del poder imperial
de EE UU en América Latina. El cínico apoyo –al
100%– de Washington a la intervención de Uribe pone
en claro que se trata de una actividad conjunta, sancionada y
aprobada por los funcionarios de las fuerzas militares y especiales
de EE UU que actúan en el Ministerio colombiano de Defensa.
Venezuela-Colombia:
¿lucha nacional o lucha de clases?
La
amenaza colombiana a la soberanía de Venezuela es considerada
por la oposición de derecha de Venezuela como una intervención
afortunada. Tras fracasar en todos sus esfuerzos, violentos e
inconstitucionales, para derrocar al presidente Chávez,
la oposición burguesa está dispuesta a aceptar la
hegemonía reaccionaria colombiana a cambio de la eliminación
de su enemigo de clase, el movimiento chavista. Esta actitud quedó
meridianamente clara en los debates del Congreso venezolano tras
el secuestro de Granda: los grupos parlamentarios de la oposición
condenaron la defensa hecha por el Gobierno venezolano de la soberanía
nacional y justificaron la intervención de Uribe en Venezuela.
Un congresista chavista, Luis Tascón, calificó de
traición la defensa que hizo la oposición de las
acciones de Uribe. Esto podría tener un significado más
profundo: que los intereses de clase de los burgueses venezolanos
son más importantes que cualquier lealtad hacia su país.
La
idea de crear un "frente patriótico nacional"
contra la agresión colombiana, presentada por algunos congresistas
chavistas, pronto quedó claramente de manifiesto que era
pura ilusión. La burguesía venezolana elige sus
posiciones políticas basándose en lealtades de clase
y no en llamadas al patriotismo. Los únicos defensores
consecuentes de la soberanía venezolana se encuentran en
la gran masa pobres urbanos, en los trabajadores con conciencia
de clase y en las clases medias bajas progresistas de Venezuela,
y entre sus contrapartes en Colombia. La vida real demuestra que
el conflicto no es entre "colombianos" y "venezolanos"
sino entre los trabajadores y campesinos patrióticos de
Venezuela y sus enemigos entre las elites colombianas y sus auxiliares
entre el burguesía traidora venezolana (escuálidos).
La burguesía venezolana será un "caballo de
Troya" en caso de invasión proveniente de Colombia
y de EE UU. Hoy apoyan el secuestro criminal de Granda realizado
por Uribe; mañana se convertirán en los quintacolumnistas
saboteadores de apoyo a una invasión.
Colombia:
un cliente estratégico del imperio de EE UU
Washington
ha proporcionado más ayuda militar a Colombia que a todo
el resto de América Latina junta, y más que a ningún
otro país del mundo, con la excepción de Israel.
La estrategia de EE UU gira en torno a la derrota del movimiento
masivo e influyente de guerrilla como paso previo hacia la consolidación
de su poder en la región andina y la cuenca superior del
Amazonas. Una vez asegurada esta región, se convertiría
en un trampolín para la invasión y ocupación
de Venezuela y de sus yacimientos petrolíferos, y daría
un fuerte golpe al Gobierno revolucionario en Cuba. EE UU, a través
de Uribe, ha triplicado durante los últimos años
el tamaño de las fuerzas armadas colombianas, que en la
actualidad cuentan con más de 267.000 efectivos. Ha aumentado
en gran medida su potencia de fuego aérea (helicópteros
y aviones de combate) y ha proporcionado el armamento tecnológico
más avanzado para detectar y seguir los movimientos de
guerrilla.
Sin
embargo, esta estrategia, capaz de masacrar a miles de campesinos
simpatizantes de la guerrilla y de desplazar a varios algunos
millones, no han podido conseguir ninguna ventaja militar estratégica
sobre la guerrilla. Mientras el régimen colombiano esté
trabado por la resistencia guerrillera, sólo puede desempeñar
un papel limitado en cualquier invasión militar de Venezuela.
Si Uribe se embarca en una invasión de Venezuela patrocinada
por EE UU, puede situarse en una postura arriesgada que abra una
buena parte del territorio colombiano a una ofensiva de la guerrilla.
Entrar en una guerra de dos frentes (Este y Oeste) es una propuesta
arriesgada, como Hitler pudo comprobar en la Segunda Guerra Mundial
y como Bush está aprendiendo hoy en Oriente Medio.
El
secuestro de Granda es sólo un "ensayo general"
de un más amplio proyecto de escalada de las provocaciones
destinado a comprobar la lealtad, la disciplina y la eficacia
del sistema venezolano de seguridad. Washington está verificando
hasta dónde puede empujar a Venezuela en la rendición
de su soberanía y su control de las fronteras.
La
inmediata decisión del presidente Chávez de romper
las relaciones económicas y militares, de llamar a su embajador
y de exigir de que Uribe renuncie a su política de intervención
unilateral (enmarcada en el lenguaje diplomático de petición
de disculpas) fue un duro golpe a esta clase de intervención
paso a paso, que conduciría a la invasión.
Los
esfuerzos de Uribe y Washington de introducir una cuña
entre la resistencia popular en Colombia y el Gobierno Chávez
utilizando el "problema terrorista" como cachiporra
política, ha tenido en parte resultados inesperados: ha
despertado una potente corriente oculta de sentimiento nacionalista
en Venezuela, a la vez que afecta seriamente a sectores importantes
de la economía colombiana, incluidas las élites
que apoyan generalmente a Uribe.
La
propuesta de Washington y Uribe de una conferencia internacional
en la que se discuta el problema del terrorismo se basa en su
reconocimiento de que, hoy, la mayoría de los regímenes
latinoamericanos están impacientes por servir a los intereses
imperiales de EE UU. Durante el período previo de guerra
económica y política continua contra el Gobierno
elegido de Chávez por parte de la derecha autoritaria,
el brasileño Celso Amorin organizó un grupo de países
que llamó "Amigos de Venezuela" compuesto por
líderes neoliberales iberoamericanos hostiles, entre otros
el ex presidente Aznar y el presidente Bush (ambos apoyaron el
fallido golpe militar), los presidentes Fox de México y
Lagos de Chile (destacados librecambistas) y, por supuesto, Brasil,
que otorgó a la oposición política derechista
venezolana un estatuto idéntico al del Gobierno elegido.
Con todo acierto, Chávez rechazó la mediación
de tales "amigos". Hoy Lula ofrece sus servicios de
nuevo "para mediar" entre un agresor internacional y
un país soberano. Cuba aparte, ni uno solo de los regímenes
clientelares latinoamericano ha condenado la agresión de
Uribe; peor aún, ni uno solo ha mostrado claramente su
oposición a la doctrina de extraterritorialidad implícita.
El presidente Chávez es claramente consciente de las trampas
de una "cumbre internacional" dominada por gobiernos
neoliberales hostiles y favorables al imperio, que ya han aceptado
y se han sometido a la doctrina antiterrorista Bush-Uribe.
Chávez
actúa con todo acierto al contraponer el concepto de un
foro bilateral en que el foco esté en la intervención
y las pretensiones hegemónicas de Colombia, donde los problemas
de la política brutal de Uribe de terrorismo de Estado
puedan convertirse en parte del debate público sobre el
"terrorismo". Por supuesto, Washington "aconsejará"
a Uribe que no lo acepte. Chávez podría entonces
ordenar a su ministro de Asuntos Exteriores que lleve el asunto
la Asamblea General de la ONU como cuestión de urgente
importancia para la paz, la seguridad y la soberanía nacional.
Chávez ha dado respuesta ya a la agresión pública
continua de EE UU firmando acuerdos de exportación de petróleo
y de inversiones con China, Rusia, América Latina y Europa.
La suspensión de importaciones de productos agrícolas
colombianos podía desencadenar un esfuerzo más intenso
para promover la producción agrícola local, dar
empuje a una reforma agraria más expeditiva y mas inversión
pública en la producción local de alimentos.
El
secuestro de Granda y la corrupción de algunos funcionarios
venezolanos pueden servir de llamada de atención para los
líderes venezolanos sobre las amenazas reales para la soberanía
nacional que emanan de la doctrina Uribe, apoyada por EE UU. La
amenaza es real, sistémica e inmediata. El presidente Uribe
tiene el apoyo de una potencia imperial, pero Chávez tiene
el apoyo de la mayoría abrumadora de venezolanos y cuenta
con el hecho de que estarían dispuestos a luchar para defender
su tierra, su Gobierno y su derecho a vivir como pueblo soberano.
La cuestión de la soberanía venezolana no es ahora
simplemente una cuestión de maniobras diplomáticas,
sino de organización de la gran masa de los venezolanos
para convertirse en una fuerza de disuasión militar formidable
ante toda agresión armada.
20
enero 2005
Los
derechos de autor pertenecen a sus respectivos dueños.
Copyleft ©2003-2005. Los pobres de la tierra.org - San
José, Costa Rica.
Volver
arriba
