Chiapas:
la guerra invisible
Carlos
Fazio
La
Jornada
14
de febrero del 2005
El informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas, que demuestra la responsabilidad del Ejército
en la creación de grupos paramilitares en territorio chiapaneco
y acusa de genocidio al ex presidente Ernesto Zedillo, plantea,
a su vez, la persistencia del conflicto en el marco de una guerra
contrainsurgente contenida en el Plan de Campaña Chiapas
94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, que adopta
en la etapa la forma irregular de una guerra de baja intensidad,
como estrategia prolongada de desgaste contra un "enemigo
interno", identificado en el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
En
un intento propagandístico por minimizar, invisibilizar
y/o negar la vigencia del conflicto, el gobierno de Vicente Fox
sostiene que en Chiapas no pasa nada y todo está solucionado.
Pero si bien los enfrentamientos han sido menos, y de menor gravedad,
el cerco de hostigamiento y aniquilamiento montado por el Ejército
sigue vigente en los Altos, la selva y la zona norte del estado.
Las
fuerzas federales actúan como un ejército de ocupación
en todo el territorio indígena, combinando operaciones
regulares con otras de carácter irregular (labores de inteligencia,
guerra sicológica, control de población, hostigamiento
y amenazas). Lo que explica, a la vez, la presencia organizada
y la impunidad de bandas paramilitares, así como la rearticulación
de los grupos de poder político y económico tradicionales,
que en el pasado sirvieron de fuerzas de choque antizapatistas,
entre ellos los auténticos coletos de San Cristóbal,
la familia Kanter en Comitán y el grupo Paz y Justicia
en la zona norte.
La
ausencia de tiros no se muestra como lo que es: una tregua armada,
a la que el Estado se vio forzado por razones coyunturales. No
obstante, desde la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995,
el equipo de Seguridad Nacional encargado de planear y ejecutar
las políticas para Chiapas ha venido aplicando las directrices
básicas de la llamada guerra de baja intensidad (GBI).
Esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular,
la prolonga y la convierte en un embate político-ideológico.
El manual de operaciones sicológicas de la Agencia Central
de Inteligencia en Nicaragua (Omang, 1985) define que la guerra
sicológica es un tipo de operación militar que,
preferentemente, se utiliza para controlar grandes masas o territorios.
El
ocultamiento sistemático de la realidad es una de las características
de la guerra sicológica. Sin embargo, dado que la GBI se
libra de manera no convencional, además del uso maniqueo
de la propaganda (amigo-enemigo/blanco-negro) echa mano de otros
recursos dirigidos a incidir en los comportamientos colectivos,
en las conductas y opiniones. Las dos principales herramientas
complementarias de la propaganda son la acción cívica
y el control de poblaciones. La acción cívica tiene
como objetivos mejorar la imagen de las fuerzas armadas, construir
un apoyo popular al esfuerzo bélico y recolectar información
de inteligencia. De manera facciosa, la "ayuda humanitaria"
se utiliza como categoría políticamente neutra y,
sobre todo, no militar. No obstante, es parte de una estrategia
global y contribuye a la edificación de un consentimiento
activo. Por su parte, el control de población, que opera
sobre el desplazamiento de comunidades desarraigadas de sus lugares
de origen, tiene básicamente un objetivo simple: desarticular
la infraestructura de apoyo de la insurgencia.
La
GBI busca generar consenso, pero, si no lo logra, recurre al terror.
El dilema es ganar a la masa o destruirla mediante un esquema
de guerra sicológica (guerra sucia) orientado en lo fundamental
contra todos aquellos que constituyen la base social de apoyo,
material o intelectual, real o potencial, de la insurgencia. A
falta de una justificación legal o política para
encomendar al Ejército la acometida contra la sociedad
civil, la tarea es encargada a aparatos clandestinos conocidos
como autodefensas o paramilitares, según consigna el Plan
de Campaña Chiapas 94 de la Sedena. El paramilitarismo
no es, como se pretende, una "tercera fuerza" que actúa
con autonomía propia. Responde a una estrategia basada
en la doctrina contrainsurgente clásica, que busca confundir,
ocultar y encubrir las responsabilidades del Estado en las matanzas,
delitos de lesa humanidad y asesinatos selectivos ejecutados por
bandas armadas auspiciadas y controladas por el Ejército.
Reconocer al paramilitarismo el carácter de "actor
político independiente" implica dejar libre de responsabilidad
al Estado y en la impunidad a quienes lo financian, apoyan, asesoran,
justifican. También es dejar la puerta abierta para que
sigan utilizando el terror.
La
demostración de que la ausencia de tiros no es indicativa
de que el conflicto armado ha sido superado es la existencia de
114 posiciones permanentes del ejército en la zona de conflicto.
Persiste una tregua armada porque los dos adversarios son fuertes,
cada uno a su manera: el ejército federal ha incrementado
su poder territorial y ofensivo, pero el EZLN ha demostrado habilidad
para seguir siendo fuerte a la defensiva.
En
el marco de esa guerra irregular de desgaste, el poder de las
armas federales no ha podido derrotar, hasta ahora, el poder de
los cuerpos zapatistas con sus juntas de buen gobierno y sus caracoles.
Pero no hay que perder de vista los tiempos electorales. Existen
fuerzas que pueden estar interesadas en desatar una nueva escalada
de violencia en México a fin de recrear un ambiente propicio
para el "voto del miedo", en cuyo caso Chiapas y el
EZLN aparecen como uno de los escenarios y objetivos posibles
para montar una gran provocación.
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