En la por lo demás tranquila y bucólica “Suiza
de América”, como se le conoce a
este pequeño país centroamericano,
actualmente se arremolinan las fuerzas más
conservadoras (y por ende, retrógradas)
para aprobar al borde de la legalidad y sin ningún
respaldo popular, el mal llamado Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y los EEUU
de W. Bush (CAFTA, por sus siglas en inglés).
Desde la inconstitucional y cuestionable reelección
presidencial de Oscar Arias (calificada por notables
personalidades nacionales como un golpe de Estado),
los grupos de presión más reaccionarios
de nuestra folklórica oligarquía
post cafetalera y actualmente especulativa y
financiera, no escatiman esfuerzos en sacar adelante
sus contrarreformas económicas y sociales,
iniciadas por imposición de sus patrones
de Washington hace 25 años con los llamados
ajustes estructurales que fueron “sugeridos” por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
para “equilibrar” y “sanear” la
economía costarricense, como parte de
la campaña neoliberal de Reagan para todo
el patrio trasero de los EEUU., y que tanto dolor
les causara a millones de latinoamericanos en
guerra civil, pobreza, enfermedad y hambre.
Desde la toma de poder de Arias en mayo del
2006, quien durante campaña electoral
esgrimiera el TLC como su proyecto estrella (¿?)
para “poner a caminar a Costa Rica”,
y que por cierto, no aceptara debatir públicamente,
la situación en nuestra democracia (si
no “centenaria” como reza la propaganda
oficial, al menos una de las más antiguas
y consolidadas de América Latina) viene
perfilándose peligrosamente hacia una
confrontación social de consecuencias
insospechables al corto y mediano plazo.
Aprovechándose de su Premio Nóbel
de la Paz, Arias, que durante su campaña
sí se atreviera a afirmar que creía
en la “dictadura en democracia” ha
venido obteniendo el apoyo casi incondicional
de los grandes medios de comunicación,
cámaras patronales, compañías
transnacionales, la Embajada del Imperio, organismos
financieros internacionales y otras entidades
similares para dar la estocada final al Estado
Social de Derecho que se creara en Costa Rica
durante el siglo XX y que permitiera que nuestra
nación gozara de índices de educación,
salud y desarrollo humano comparables con los
de las naciones desarrolladas.
Instituciones claves para la paz social costarricense
como son el Instituto Costarricense de Electricidad – ICE
(ente nacional que administra con exclusividad
y responsabilidad social la electricidad y las
telecomunicaciones y que ofrece las tarifas más
bajas del continente), la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional
de Seguros – INS (monopolio estatal que
permite pagar miles de millones al año
en accidentes laborales y de tránsito,
y que costea uno de los mejores cuerpos de bomberos
de la región), así como el Instituto
de Acueductos y Alcantarillados – AyA,
el Consejo Nacional de Producción, la
Fábrica Nacional de Licores, y las universidades
estatales (Universidad de Costa Rica, Nacional,
Instituto Tecnológico y Estatal a Distancia)
se encuentran en la mira de las grandes compañías
transnacionales y sus testaferros locales. A
estas instituciones debemos sumarles las Garantías
Sociales, el Código de Trabajo, la biodiversidad
(que equivale al 5% de la biodiversidad mundial
en apenas 51 mil kilómetros cuadrados
de territorio nacional), los recursos marinos,
terrestres, minerales, etc. que quedarán
a merced del régimen del “libre
comercio” que impone como dogma y ley de
facto el TLC-CAFTA.
El TLC-CAFTA se ha convertido en la (¿única?)
prioridad del gobierno de Arias, y que como demostró durante
finales del año pasado en la Comisión
de Asuntos Internacionales y actualmente en las
reformas urgentes que buscan aprobarlo por ”la
vía rápida” mediante la reforma
discutible del reglamento de la Asamblea Legislativa
(parlamento). Esta ofensiva que pretende
estirar las leyes al máximo para evitar
el debate y la discusión legislativa viene
acompañada de una ofensiva mediática
sin precedentes de prensa, radio, televisión,
vallas publicitarias y un desplante desinformante
y archimillonario de propaganda pro TLC cuyas
fuentes de financiamiento siguen en las sombras
más impenetrables… Sobra decir
que se ha desatado también una cacería
de brujas contra todas las organizaciones sindicales,
estudiantiles, campesinas, religiosas, artísticas,
intelectuales y los círculos empresariales
patrióticos entre muchos otros que conforman
la gran mayoría de la población
costarricense, y que todos los días deben
sufrir el hostigamiento, satanización,
escarnio, intimidación y amordazamiento
por parte de quienes sí pueden pagar espacios
publicitarios y reciben la santificadora cobertura
mediática.
Según Arias, el TLC-CAFTA estará aprobado
para mediados de este año, haciendo realidad
el sueño ya añejo (pues en su gobierno
entregó ilegal y fugazmente la telefonía
celular a un consorcio estadunidense) al que
debe añadirse más recientemente
el caso del “Combo ICE”, paquete
de medidas privatizadoras que tal como ahora,
se encuentran en discusión en la Asamblea
Legislativa como parte de las “Leyes paralelas” que
son correquisito para la implementación
del TLC-CAFTA. Valga aclarar que estas
leyes (como la UPOV o el protocolo de Budapest
sobre las patentes de seres vivos) fueron discutidas
en su momento y rechazadas por el Asamblea o
bien por el pueblo. El mejor ejemplo se
dio en el año 2000, cuando el país
se paralizó en bloqueos y manifestaciones
que hicieron retroceder al gobierno de Miguel Ángel
Rodríguez con su infame Combo “aperturista” (leáse
privatizador) del jugoso mercado de las telecomunicaciones
y la electricidad.
Por lo pronto, las organizaciones sociales del
país planean una gran manifestación
Por Costa Rica y contra el TLC este 26 de febrero,
a pesar de las amenazas veladas y directas del
gobierno con mantener el “orden público,
la paz, y el derecho al libre tránsito
de los ciudadanos”, como manera de criminalizar
las legítimas marchas y manifestaciones
populares. Para tal efecto, se han solicitado
observadores internacionales de la ONU y la OEA,
pues se teme que la violencia se produzca por
extremistas infiltrados en las marchas, dándole
la razón a Arias, sus amos y sus acólitos. La
calle, aun a pesar de juicios políticos
como el entablado recientemente contra el dirigente
comunal Orlando Barrantes, seguirá siendo
el espacio de legítima expresión
popular democrática cuando los otros espacios
se han cerrado. La calle, que le pertenece
a tod@s los costarricenses, decidirá el
destino del TLC y con él el de las futuras
generaciones de costarricenses. ¿Será este
un porvenir de solidaridad y paz social, o será uno
de privatizaciones, desigualdad y violencia? En
los tiempos que vivimos de globalizaciones neoliberales
de rumbo ecológica y socialmente suicida,
es más necesario que nunca gritar a los
cuatro vientos que la democracia es el gobierno
del pueblo y para el pueblo… aunque nuestros
gobernantes quieran olvidarlo a su conveniencia…
