Haced
lo que yo digo
Juan
Gelman
Página
12 - Rebelión
11
de febrero del 2005
El Pentágono anunció la retirada de 15 mil de los
150.000 efectivos militares que depositó hasta ahora en
Irak. Fueron enviados para reforzar la seguridad durante las elecciones
del 30 de enero y se irán en marzo, en principio y tal
como estaba proyectado. Los 135.000 restantes, quién sabe
cuándo: “Queda por recorrer un camino muy difícil”
para derrotar a los insurgentes, aseveró Paul Wolfowitz
en una audiencia que el Comité de Servicios Armados del
Senado estadounidense celebró la semana pasada (The Washington
Post, 5-2-05). El segundo de Donald Rumsfeld adelantó también
que no habrá más recortes de invasores en todo el
2005 y reiteró que el cese de la ocupación dependerá
de la rapidez con que militares y policías iraquíes
reciban el entrenamiento y el equipo adecuados para cumplir sus
funciones sin ayuda ajena, apenas como escudo de la ayuda ajena.
El general Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor conjunto, puntualizó
en la misma audiencia que el “ausentismo” –nombre
elegante de la deserción– es del 40 por ciento en
el ejército iraquí y que apenas el 30 por ciento
de los 136.000 enrolados en las fuerzas de seguridad locales está
en condiciones de combatir. El senador demócrata Joe Biden,
figura destacada del Comité de Relaciones Exteriores, achicó
esa evaluación: “El número de iraquíes
preparados para luchar contra la insurgencia oscila entre 4000
y 18.000” (The Washington Post, 6-2-05). Pareciera que el
camino a recorrer, además de muy difícil, será
largo.
O permanente. La Casa Blanca no renuncia a su sueño imperial
y Wolfowitz anticipó que las fuerzas armadas norteamericanas
aumentarán en número, algo ya previsto por el Pentágono
para el 2006: 17.500 millones de dólares se destinarán
a la compra de vehículos y cañones y a la creación
de dos nuevos batallones de infantería, tres compañías
de exploradores y varias unidades de apoyo en el cuerpo de marines
(Star and Stripes, 8-2-05). Otros 5000 millones de dólares
permitirán establecer y equipar tres nuevas brigadas de
combate del ejército. Todo esto se financiará en
virtud de una práctica que el gobierno Bush inició
en el 2004 en materia de gastos militares: presenta al Congreso
un presupuesto de defensa ligeramente modificado respecto del
que se aprobara el año anterior y por cuerda separada agrega
miles de millones de dólares a título de partidas
complementarias. Aparte de las sumas ingentes del presupuesto
de defensa “oficial” de este año, Bush hijo
ha pedido 81.000 millones de dólares más para las
operaciones en Irak y Afganistán durante el 2005. El Congreso
ha aprobado ya “complementos” por valor de 203.000
millones de dólares desde el 11/9. Ese disfraz presupuestario
a nadie engaña.
Los “halcones-gallina” siguen atendiendo a los consejos
de sus mentores ideológicos agrupados en el Proyecto para
el Nuevo Siglo Estadounidense, uno de los think-tanks que con
más contumacia abogan por el dominio norteamericano del
planeta. “Las fuerzas armadas de EE.UU. son demasiado limitadas
para asumir las obligaciones que les estamos pidiendo que asuman”,
pontifican dirigentes del Proyecto en carta dirigida a varios
representantes y senadores (Veterans Against the War, 7-2-05).
Les exigen que el Congreso autorice un incremento de al menos
25.000 efectivos cada año para “sostener la guerra
contra el terrorismo y cumplir con nuestras otras responsabilidades
en todo el mundo”. Se conoce la naturaleza de esas “otras
responsabilidades”, pero de dónde saldrá tanta
tropa. Por primera vez desde 1995, los marines incumplieron su
meta de reclutamiento para enero pasado. El jefe de la Guardia
Nacional del ejército, general Roger C. Schultz, reconoció
que en el mismo mes sólo se enroló un 56 por ciento
del personal requerido por el cuerpo (CNN, 6-2-05). El Pentágono
ofrece ahora incentivos especiales a los militares con mayor experiencia
de combate: aumentos de salario y una prima de 150.000 dólares
a quienes se reenganchen por seis años más (The
New York Times, 6-2-05). Al terminar sus contratos, no pocos suboficiales
y asimilados eligen la vida civil y se convierten en agentes de
seguridad de las empresas extranjeras que instalaron filiales
en Bagdad o Kabul después de las respectivas invasiones.
Se explica: un boina verde con 20 años o más en
las filas recibe un sueldo básico de 50.000 dólares
anuales y las compañías privadas pagan hasta 200.000.
Este drenaje no cesa desde mayo del 2003.
Hay más. EE.UU., tan alarmado por el desarrollo nuclear
de Irán, se apresta a renovar y aumentar su arsenal nuclear.
En los tres laboratorios del ramo –Lawrence Livermore, Los
Alamos y Sandia–, unos cien especialistas diseñan
calladamente armas más potentes en el marco de un programa
que aprobó el Congreso y supervisa la Administración
Nacional de Seguridad Nuclear. Es éste no más que
el comienzo de un vasto proyecto que conducirá ineluctablemente
a la realización de ensayos con las nuevas armas nucleares,
prohibidos por las convenciones internacionales de las que EE.UU.
es Estado Parte. Pero eso no arredra a la Casa Blanca. En Abu
Ghraib y Guantánamo demostró que tampoco los Convenios
de Ginebra le impiden violar los derechos humanos. La ley es ley
para todo el mundo, no para la potencia autoungida guardián
de la democracia y la libertad en todo el mundo.
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