Una
juez federal de EU declara ilegales las detenciones en Guantánamo
David
Brooks
La
Jornada
1o.
de febrero de 2005
Revés judicial a Bush, aunque la disputa legal la resolverá
el Tribunal de Apelaciones
Declara que los presos tienen derecho a la protección de
las Convenciones de Ginebra
Según el fallo, hay pruebas de tortura que ponen en duda
la legalidad de las confesiones
Nueva
York, 31 de enero. Una juez federal determinó hoy que el
proceso jurídico para detener a centenares de presuntos
"terroristas" en Guantánamo es ilegal.
El
fallo declara que los procedimientos legales empleados por el
gobierno de George W. Bush para los detenidos en Guantánamo
son inconstitucionales, que en algunos casos podrían ser
violatorios de la Convención de Ginebra y que algunas pruebas
contra los detenidos podrían ser ilegales por ser resultado
de tortura.
La
juez federal de distrito Joyce Hens Green, encargada de revisar
las demandas presentadas por unos 50 detenidos en Guantánamo
cuestionando su calidad de "combatientes enemigos",
concluyó este lunes que no puede desechar sus quejas, como
deseaba el gobierno de Bush, y con ello causó un serio
revés para el gobierno y una victoria parcial para los
detenidos y grupos de derechos civiles que han promovido estos
casos.
El
fallo declara esencialmente que los detenidos en Guantánamo
sí tienen derecho a cuestionar su encarcelamiento ante
los tribunales estadunidenses y critica al gobierno de Bush por
negar derechos legales básicos a cientos de sus detenidos
durante años.
Esta
determinación judicial señala que el mecanismo establecido
por el Pentágono para determinar la culpabilidad de los
detenidos en Guantánamo no es imparcial y les niega derechos
básicos, incluyendo algunos establecidos por la Constitución,
como el asesoramiento de un abogado y una oportunidad para responder
a las pruebas en su contra.
Los
mecanismos, conocidos como Tribunales de Revisión de la
Calidad de Combatientes, son instancias judiciales militares establecidas
por el Pentágono en respuesta al fallo de la Suprema Corte
de Estados Unidos que rechazó los argumentos del gobierno
de Bush y determinó que los detenidos sí tenían
el derecho de enfrentar las acusaciones estadunidenses y el recurso
legal de cuestionar su detención indefinida. El fallo de
hoy esencialmente declara que esos mecanismos no han cumplido
con la orden de la Suprema Corte.
No
sólo eso, sino que la juez Green señaló que
hay acusaciones y algunas pruebas de que los detenidos han sido
torturados y/o abusados durante los interrogatorios, y que esto
pone en duda legal las confesiones sobre las cuales los militares
estadunidenses han determinado si alguien es definido como "combatiente
enemigo", la designación inventada por el gobierno
y codificada en las leyes promulgadas inmediatamente después
del 11 de septiembre de 2001 para detenidos en la llamada "guerra
contra el terrorismo", que ha empleado para negarles la aplicación
de las Convenciones de Ginebra.
Los
"combatientes enemigos"
El
fallo critica la propia definición de "combatiente
enemigo" por ser demasiado amplia y ambigua como justificación
para detener a hombres musulmanes de decenas de países
hasta por tres años o más, algunos sin pruebas de
que participaron en combates o atentados terroristas.
En
el fallo público (hay otra versión clasificada),
cuya copia posee La Jornada, la juez señala que los tribunales
de revisión legal de los detenidos "violan principios
de larga vigencia de la normatividad legal (el término
preciso legal es "due process") al permitir la detención
de individuos sólo con base en su membresía a organizaciones
antiestadunidenses en lugar de actividades actuales apoyando el
uso de la violencia o daño contra Estados Unidos".
Green
también rechazó el argumento del gobierno de Bush
de que todo "combatiente enemigo" dedicado a actos "terroristas"
no se sujetará a la Convención de Ginebra. Hoy,
la juez falló que los integrantes y fuerzas del régimen
talibán de Afganistán sí tienen derecho a
las protecciones de las Convenciones de Ginebra otorgadas a prisioneros
de guerra, mientras sostiene la posición gubernamental
que éstas no son aplicables a los integrantes de Al Qaeda.
"Aunque
esta nación incuestionablemente tiene que tomar fuertes
decisiones bajo el liderzgo del comandante en jefe para protegerse
contra amenazas enormes y sin precedente, esa necesidad no puede
anular la existencia de los derechos fundamentales más
básicos por los cuales ha luchado y muerto el pueblo de
este país por más de 200 años", declaró
la juez Green.
La
juez recordó que el gobierno de Bush ha argumentado que
tiene el derecho de detener indefinidamente a los "combatientes
enemigos" capturados en Afganistán y otros lugares,
hasta la fecha en que se determine que ya no representan una amenaza
a este país. Señaló que dado que el gobierno
no puede detallar cómo determinará cuando ha concluido
la "guerra contra el terrorismo" y que ha dicho que
podrían ser "generaciones", es posible que los
detenidos en Guantánamo sean sujetos a una condena de cadena
perpetua bajo estas condiciones, y que eso no podía ser
justificado legalmente.
CBS
News reportó que hay unos 550 detenidos -todos hombres-
de unos 42 países en la base naval estadunidense acusados
de ser "combatientes enemigos". Abogados del Centro
de Derechos Constitucionales (CCR), uno de los grupos que lleva
estos casos, declararon que la decisión es un triunfo para
el pueblo estadunidense. Michael Ratner, presidente de CCR, señaló:
"el fallo tiene el potencial de regresar a Estados Unidos
a las filas de los países bajo el régimen de leyes.
Ya era hora".
Pero
la disputa no ha concluido, ya que este fallo contradice otro
emitido por otro juez federal en el mismo distrito hace un par
de semanas, quien determinó que los detenidos en Guantánamo
no gozaban de las protecciones legales de la Constitución
estadunidense. Por lo tanto, la disputa tendrá que ser
resuelta en un nivel judicial superior: el Tribunal Federal de
Apelaciones.
El
gobierno de Bush respondió de inmediato, declarando que
el primer fallo -en favor de su posición- fue el "correcto".
El Departamento de Justicia emitió un comunicado señalando
que el nuevo fallo está en conflicto con el anterior, y
que se deberá resolver en Tribunal de Apelaciones, y argumentó
que hará todo para refrendar el fallo del primer juez y
anular el segundo.
"No
hay ninguna base en la Constitución, ni en la historia,
de acordar a extranjeros capturados por los militares fuera de
Estados Unidos y clasificados como combatientes enemigos... los
derechos normativos bajo la Constitución, con base sólo
en el hecho de que están confinados -por razones operativas
y de seguridad- en propiedad extranjera arrendada por Estados
Unidos", argumentó el Departamento de Justicia. También
rechazó el derecho de estos detenidos a ver información
clasificada sobre la cual están acusados, ni a gozar de
los derechos de prisioneros de guerra bajo las Convenciones de
Ginebra.
Vale
comentar que la juez Green fue nombrada en su puesto por el presidente
Jimmy Carter, mientras que el juez federal Richard Leon -quien
falló en favor de la posición del gobierno hace
dos semanas- fue nombrado por el actual presidente Bush.
Esta
disputa legal recibió cierta atención en los medios
hoy, pero fue secundaria a otra caso legal que ocupó el
lugar privilegiado de la noticia nacional: el inicio del proceso
para el juicio de Michael Jackson en California.
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