Ashcroft: Licencia para matar
La Jornada
6 de junio del 2003
Ayer, ante el Congreso de Estados Unidos, el secretario de
Justicia de ese país, John Ashcroft, exigió poderes adicionales para su
dependencia en la "guerra contra el terrorismo". Entre las atribuciones
reclamadas por el funcionario están la de poder pedir a los tribunales que
sentencien a pena de muerte o cadena perpetua a individuos acusados de
terrorismo, mantenerlos presos por tiempo indefinido sin llevarlos a
juicio, así como formular imputaciones penales como "partidarios
materiales" contra quienes, en opinión del Departamento de Justicia, apoyen o
colaboren con grupos terroristas. En la comparecencia, Ashcroft aclaró
que no piensa pedir perdón por las documentadas arbitrariedades que su
oficina perpetró después del 11 de septiembre de 2001 contra sospechosos
de terrorismo que, a la postre, resultaron inocentes, pero que
permanecieron encarcelados sin juicio -hasta ocho meses en algunos casos-, y a
quienes les fueron negados sus derechos básicos de tener acceso a un
abogado defensor o de ver a sus familiares durante el cautiverio.Las palabras del secretario de Justicia del país vecino marcan de
manera inequívoca el tono y el propósito del gobierno de George W. Bush
en su ofensiva no contra el terrorismo, sino contra los derechos
humanos y las libertades. El discurso confirma el sostenido viraje de
Washington hacia el autoritarismo y es expresión de un periodo gubernamental
tan intolerante y dictatorial que supera con mucho los excesos del
macartismo.Diríase que, una vez que el actual grupo gobernante halló -en los
ataques del 11 de septiembre- el pretexto ideal, se ha dedicado a
demoler todos los mecanismos de contrapeso, verificación y rendición de
cuentas que, mal que bien, caracterizaban la institucionalidad política
estadunidense. Así, hoy día, Bush y su equipo pueden mentir descaradamente
a la sociedad -inventando armas de destrucción masiva iraquíes, por
ejemplo-, adjudicarse contratos millonarios sin concursos ni licitaciones
de por medio -como los concedidos en el Irak colonizado a la empresa
Halliburton, que dirigía Dick Cheney hasta antes de ser vicepresidente-,
atropellar sin pudor la libertad de expresión y la independencia de los
medios informativos -los cuales, en su mayoría, aceptaron gustosos el
oprobio de ser convertidos en oficinas de difusión del Pentágono durante
la guerra pasada- y quebrantar los derechos humanos básicos, como lo
han venido haciendo con los prisioneros de guerra afganos, con la
población civil iraquí en general y con los sospechosos de terrorismo en
territorio estadunidense.El corolario de este viraje a una dictadura sin adjetivos bien
podría ser la demanda de Ashcroft de condenar a muerte a presuntos
terroristas y a sus supuestos cómplices. Si la Casa Blanca logra que el
Capitolio apruebe esa barbaridad, el aparato judicial estadunidense podrá
ser lanzado en cualquier momento a la cacería no de terroristas, sino de
opositores y disidentes, a quienes se podrá acusar de algún grado de
complicidad con organizaciones terroristas. El modelo a seguir es España,
en donde el gobierno de José María Aznar -escudero diplomático de Bush
en la agresión militar contra Irak- se permite encarcelar, bajo los
cargos de "colaboración con banda armada" o "apología del terrorismo" a
cualquier ciudadano vasco que manifieste ideas independentistas. Pero en
Estados Unidos no sólo se está pidiendo facultades para encarcelar
opositores, sino también licencia para matarlos. La sociedad civil del país
vecino debiera darse cuenta, antes que sea demasiado tarde, que tales
propósitos no sólo están dirigidos contra los terroristas, sino también
contra las libertades de los propios estadunidenses.