México, ¿estado fallido?
Gilberto López y Rivas
La Jornada - Rebelión
19 de abril del 2011
Introducción al imaginario diario del ciudadano
Un ambiente de zozobra se cierne sobre la República Mexicana. La violencia inusitada y cotidiana del crimen organizado, en colusión con un gobierno penetrado por las mafias -y que opta por las vías represivas y militares para enfrentar el descontento social-, conjuntamente con el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, provocan la pesadumbre de amplios sectores rurales y urbanos que ven amenazados sus trabajos, entornos familiares, patrimonios e incluso la propia preservación de sus vidasiii.
Todos los sectores sociales expresan públicamente su fundada indignación por la violencia de homicidios provocados por capos y militares, secuestros, atracos de todo tipo, y por la corrupción e incapacidad de las autoridades para responder a este tsunami de impunidad y crimen incontrolable, sin vislumbrar todavía el fondo de sus causas estructurales y políticas; sin entender que estos fenómenos son parte de la violencia sistémica del capitalismo que deja sentir sus rigores también en el hambre, la enfermedad, la desocupación y esta pobreza generalizada de millones de personas; en la guerra social desatada contra resistencias y oposiciones.
Se exige “mano dura” y se apoyan -desde las clases medias y altas- las medidas de militarización y un mayor rigor en los castigos, demandando incluso la pena de muerteiv contra los perpetradores del “orden público”, al mismo tiempo que se ignora convenientemente la tortura, el asesinato y las desapariciones forzadas de cientos de luchadores sociales, la nueva guerra sucia y la existencia de presos políticos en todo el país, la acción de grupos paramilitares en Chiapas y otros estados, los numerosos periodistas muertos en el ejercicio de su profesiónv o las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército, las policías y la terrible maquinaria judicial.
Se observa el problema como una cuestión de eficacia y se exclama: “¡Si no pueden, renuncien!”, sin ir más allá en el análisis de esta realidad delictiva que sufren los mexicanos. No se trata del clamor: “¡Que se vayan todos!”, de los piqueteros argentinos, que expresa una mayor concientización en torno a la inutilidad generalizada de la clase política, pero que a fin de cuentas es muestra del hartazgo hacia los políticos tradicionales que se han mostrado incapaces de ofrecer alternativas a la profunda crisis que vive el país.
También, las “soluciones” dependen del cristal de clase con que se miren. Se multiplican las zonas residenciales exclusivas, calles y fraccionamientos cerrados, autos blindados, “guaruras” o guardaespaldas, recursos técnicos de variada naturaleza, y como recurso final, la migración, “que al fin en Europa o Estados Unidos, estas cosas no suceden”. Si millones de mexicanos han cruzado la frontera sin documentos con el objetivo de encontrar trabajo, aun con los riegos y las políticas racistas que este trance conlleva, ahora aflora también la “migración” de quienes pueden costear una inserción definitiva en un país de primer mundo como propietarios y rentistas.
Claro que para la mayoría de la población esto no es posible, por lo que a los estratos ilustrados y clases medias (pero sin recursos económicos suficientes), víctimas de una psicosis social (en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, recientemente Morelos, por ejemplo), sólo les queda la prevención; van y vienen los correos electrónicos advirtiendo sobre las modalidades de la delincuencia y los pasos a seguir para sortearla: desde vestir modestamente, andar sin documentos comprometedores, evitar mostrar el celular en la calle, observar con detenimiento a los extraños, utilizar con discreción la llave electrónica del auto, tener un sobre con una cantidad suficiente de dinero para no provocar el enojo de los posibles malhechores, etcétera; hasta las advertencias sobre nuevas modalidades de asaltos, secuestros exprés o los peligros –reales o imaginados- de las redes sociales del Internet -explotadas ahora por el crimen organizado- e incluso el riesgo de las páginas sociales de los diarios que pueden ofrecer informaciones utilizables por los delincuentes.
También aquí se trata de la adopción de acciones defensivas de carácter “técnico”, de “consejos” de expertos para el “Manejo Evasivo”, “entrenados nada menos que por el Servicio Secreto y las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos”, que paradójicamente pueden tomar por asalto un país, como Irak o Afganistán, y ahora atacar Libia, sin que este hecho sea considerado un crimen internacional. Los “consejos” refieren a salidas que estimulan el cuidado personal, de grupos familiares o de amigos, que de seguirse, evitarán ser víctimas de la “delincuencia” en abstracto, la cual tampoco es analizada estructuralmente. Se estimula un estrés generalizado que promueve el terror, la parálisis, la desconfianza hacia los demás, siempre “potencialmente peligrosos”, se fomenta la discriminación clasista y racista existente hacía las clases subalternas “obligadas a delinquir”, la cerrazón en pequeños reductos no siempre seguros.
Mientras tanto, las cárceles se llenan de inocentes o culpables –nunca se sabe- de los sectores vulnerables; los defendidos por los “abogados de oficio”; los “carne de cañón” de las prisiones; los “nadie”, los “nada”, los ninivi, (quienes por cierto están amenazados de ser víctimas de una leva que los llevaría a la vida castrense por tres años). En contraste, los capos poderosos y los de cuello blanco pueden incluso no sólo alcanzar fianza en el caso raro de caer presos sino vivir en barrios residenciales. Es común que en exclusivísimos fraccionamientosvii, a los cuales se accede a través de casetas de vigilancia en la que se revisan meticulosamente los vehículos y exigen identificaciones, ¡se confisquen casas de narcotraficantes¡
En el “combate a la delincuencia” se trata de asumir como normal e incluso recomendable, los retenes del Ejército en carreteras y en las calles de las ciudades, el ingreso de militares y policías a domicilios sin orden de cateo, la delación anónima, el control policiaco de los ciudadanos, la violación fragante de la Constitución y el constante quebrantamiento de los derechos humanos.
Lo que mal comienza mal termina.
La casaca militar verde olivo y la gorra que ostenta un águila y las cinco estrellas del grado de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadasviii mexicanas que porta frecuentemente Felipe Calderón, el encargado de facto del Ejecutivo Federal, y que nunca fueron utilizados por los presidentes del Partido Revolucionario Institucional-, así como el aumento substancial de salarios (más del 100% para marzo de 2011)ix y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector y la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra las resistencias y movimientos de protesta en estos cuatro años de su gobierno, hacen pensar que Calderón, más que presidente, se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas.
Las acciones del titular de la presidencia ilegitima tienen una clara connotación militar y un involucramiento cada vez mayor del Ejército y la Marina en misiones de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, lo que significa una confesión del fracaso de la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Seguridad Publica y Gobernación y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para contener el avance del crimen organizado y las ejecuciones (cerca de 35 mil en estos cuatro añosx) de los cárteles de la droga en México y para garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos.
Suponiendo que las fuerzas armadas mexicanas fueran la solución para este llamado “Estado fallido”, éstas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico por las siguientes razones:
1.- El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas.
2.- El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva.
3.- Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e interceptación de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa, proveniente en su mayor parte de Estados Unidos.
4.- La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera.
5.- Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Marina Nacional.
6.- Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina), y con diversas instituciones federales y estatales.
7.- Inversiones inútiles en compra de trasporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso, principalmente estadounidense.
8.- Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público.xi
9.- Dependencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas Mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y, ahora, del “combate al terrorismo internacional”, como puede inferirse de la información publicada a través de La Jornada por Wekileaks.
A Felipe Calderón parecen no importarle estos señalamientos reiterados a lo largo de más de una década desde muy diversas perspectivas críticas, inclusive dentro de los reducidos sectores patrióticos de las propias Fuerzas Armadas (¡que los hay!), y ha ejercido su gobierno usurpado a partir de una colaboración estrecha con los Secretarios de Marina y Defensa Nacional, encauzando la realización de operativos militares espectaculares condenados al fracaso y cuya finalidad es tranquilizar a quienes lo llevaron al poder, mostrando su mano firme y sus aficiones militaristas y represivas.
Así, lo más preocupante de estos cuatro años de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1.- Soy un presidente ilegitimo repudiado por millones de mexicanos pero cuento con el apoyo de los militares. 2.- Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3.- No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado sino estimulado para el desempeño de sus tareas.
En este sentido, se ha escrito mucho acerca del desmantelamiento del Estado en esta etapa de transnacionalización neoliberal, lo cual es parcialmente cierto; también se hace referencia al “Estado Fallido” o colapsado. La organización Fund for Peace y la revista Foreign Policy, utilizan el término de Estado fallido para referirse a aquellos países con las siguientes particulares: pérdida de control físico de su territorio, erosión de autoridad gubernamental, incapacidad de interactuar con otros Estados de la comunidad internacional, incapacidad de proveer servicios públicos de manera razonable, altos índices de corrupción y severas condiciones económicas. Fue el Comando de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos que dio a conocer en el año 2009 un reporte en el que subrayan los retos a enfrentar en el futuro cercano en materia de seguridad. El reporte subraya que México y Pakistán son los dos países con mayores riesgos de colapsar, por lo que el gobierno estadounidense debía poner mayor atención en dichos países, por sus implicaciones en su seguridad nacional.
Aunque México pudiera tener algunas de las características mencionadas, lejos está de ser un Estado fallido. Lo cierto es que el Estado transnacional, mientras se sustrae de sus obligaciones sociales, no “falla” en sus tareas esenciales:
a) Coerción y represión de las luchas sociales;
b) Cambios en los marcos jurídicos internos para la extraterritorialidad de las guerras del imperio o la protección de sus fronteras e intereses estratégicos;
c) Rescate de los capitalistas en las crisis recurrentes y cada vez más profundas. Así, el desmantelamiento del Estado es sólo parcial, ya que se fortalecen en gran medida los aparatos represivos que por naturaleza son violatorios de los derechos humanos.
La reconversión transnacional del capitalismo deja atrás al Estado Benefactor y expande como nunca un mercado capitalista mundial de mercancías, recursos financieros e información pero no de la fuerza de trabajo, que queda expuesta también a la criminalización, persecución y agravamiento de sus condiciones de vida y de trabajo, y por lo tanto, a la violación de los derecho humanos de millones de personas en su calidad de trabajadores sin documentos, mal llamados “ilegales”.
Esto significa que todo el andamiaje de cohesión, control, mediatización, regulación y canalización de las contradicciones sociales basadas en el reconocimiento de conquistas sociales, contratos, sindicatos, etcétera, se vienen abajo y la dominación queda al desnudo sin mediación alguna, repercutiendo brutalmente sobre los derechos humanos y la sobrevivencia misma de millones de seres humanos.
Se ha utilizado el término de ocupación integral para describir el proceso globalizador y privatizador a través del cual de manera abierta o silenciosa las economías de nuestros países, todos los sectores y las ramas del Estado, el patrimonio cultural, los recursos naturales y estratégicos de nuestras naciones van siendo integrados a los tratados de “libre comercio”; a los planes como el Puebla Panamá, reciclado en el Proyecto Mesoamérica; a los intereses y condiciones impuestos por las grandes corporaciones transnacionales, bajo la protección y hegemonía política-militar de lo que Samir Amin denomina como “imperialismo colectivo”, que hoy predomina en el ámbito planetario encabezado por Estados Unidos de Américaxii. Pablo González Casanova considera, precisamente, que la globalización actual es un proceso de dominación y apropiación del mundo.xiii Teniendo un sustrato económico que abre las fronteras nacionales al capital transnacional, particularmente a su fracción financiera especulativa, para garantizarle condiciones óptimas de rentabilidad, la mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado.
Esta globalización neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, reduciéndola a sus aspectos procedimentales, con la correspondiente crisis y descrédito de los procesos electorales mismos, las instituciones y los partidos políticos, incluyendo a los de la llamada “izquierda institucionalizada” que devienen útiles y funcionales al poder capitalista; pierden toda capacidad contestataria y trasformadora, son incapaces de sustraerse a su lógica, y asumen finalmente un papel de legitimación del sistema político imperante.xiv Esta democracia se encuentra acotada y bien podría ser calificada como democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos e, incluso, cada vez mayor grado, por el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Ana María Rivadeo plantea de esta manera la problemática de la democracia en la globalización neoliberal: “El Estado nacional actual se encuentra estructuralmente atravesado y dominado por la transnacionalización del capital, así como por la desarticulación, la exclusión y la violencia. Y en esta situación, el universalismo que se impone no es el de la democracia, sino el del capital que se globaliza.”xv(Negrillas nuestras)
En este contexto se da una doble determinación, por un lado la lucha de clases se desarrolla sobre un horizonte mundial, y por el otro, los Estados nacionales controlan localmente los conflictos y las contradicciones de la fuerza de trabajo y de los grupos subalternos en general.
A todo ello sumamos, para el caso de México, la carencia de legitimidad de las instituciones y los poderes de la República; la renovada paramilitarización y las agresiones a los gobiernos autónomos zapatistas y a otros procesos autonómicos, especialmente en Oaxaca y Guerrero; la represión y criminalización de los movimientos sociales; los centenares de presos políticos y de conciencia; el avance y la consolidación de la derecha en el control de los medios de comunicación y la persecución de las pocas radios comunitarias e independientes que aún subsisten; las reformas jurídicas de la Constitución y las leyes equiparadas con las realizadas por Estados Unidos, e impuestas por la clase dominante de ese país para consolidar su dominio militar, policial y de inteligencia sobre México.
De esta manera, en la actual forma de mundialización neoliberal tienden a exacerbarse las contradicciones del capitalismo, dejando a un lado toda mediación y todas las formas relativamente pacificas en las que el capitalismo se basó para extender su hegemonía. La guerra preventiva neocolonial, que incluye la ocupación territorial de países, la criminalización de toda oposición por la vía de la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico, el terrorismo de Estado, la ruptura del orden jurídico internacional, son características de esta nueva etapa del capitalismo.
Conclusión
Una nueva modalidad de guerra sucia se impone actualmente al pueblo mexicano, en la modalidad de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Utilizo el término de “ guerra sucia ” para definir un tipo de crimen de Estado que -al margen de la Constitución y las leyes- tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados “enemigos internos” por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello llevado a cabo por integrantes de las fuerzas armadas, agentes policiacos y de inteligencia, grupos paramilitares (que actúan bajo las órdenes –usualmente- de la Sección Segunda del Ejército, Inteligencia Militar), o pandillas del crimen organizado que constituye la cara ilegal, clandestina, supletoria y complementaria de la acumulación capitalista en nuestro país.
Se enfatiza la indefensión total de las víctimas de esta nueva guerra sucia, que son sustraídos de todo proceso legal y todos sus derechos conculcados, de tal forma que no hay posibilidad para las mismas y sus familiares de recurrir a la acción de la justicia, ya que el Estado cubre los crímenes como lucha de cárteles por las plazas o daños colaterales.
También, las misiones contrainsurgentes de las fuerzas armadas tanto en Chiapas como en otros estados del país se han prolongado y extendido con la modalidad que abre la llamada “guerra contra el narcotráfico y el terrorismo”.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señala en noviembre de 2008: “ Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de “guerra al narco”; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror” (CEDEMA).
Podemos afirmar que el vínculo estatal otorga un elemento fundamental para una definición útil de la experiencia mexicana: los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia.xvi
NOTAS
*Ponencia para el PRIMER CONGRESO NACIONAL HISTORIA Y PRÁCTICA DE LAS DROGAS: UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA, a partir del capítulo del libro en alemán coordinado por Herbert Berger y Leo Gabriel, Democracias en revuelta. Viena: Editorial Mandelbaum, 2010. ENAH, 13 de marzo de 2011.
**Doctor en Antropología, Profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Regional Morelos, y articulista de La Jornada.
iii Ver el número especial 28 de Proceso “La guerra del narco”, abril 2010 (Primera parte).
iv Paradójicamente, el partido mexicano de los “verdes” (PVEM) hizo de la pena de muerte su única propuesta electoral para las pasadas elecciones intermedias del 2009, y su uso oportunista le permitió un incremento sustancial en su porcentaje de votos. Por este motivo, el 10 de febrero del 2009, el Partido Verde Europeo retiró el reconocimiento al PVEM, como partido verde.
v Después de Irak, México es el país donde más periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su profesión en los últimos años.
vi Nini , se denomina así a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
vii Uno de los grandes capos mexicanos, Beltrán Leyva, el “jefe de jefes”, fue ubicado y ajusticiado en diciembre del 2009, en un lujoso condominio horizontal de Cuernavaca, Morelos. A partir de esa fecha, la “plaza” se encuentra en disputa, por lo que se ha iniciado una guerra local con muertos todos los días.
viii El grado de General de División, el más alto de la jerarquía militar, es señalizado con un águila y tres estrellas, mientras el Secretario de Defensa, es el único general de división que ostenta un águila y cuatro estrellas.
ix Con este aumento, en lo que va de la actual presidencia espuria, el personal de menores ingresos de las Fuerzas Armadas, duplicaron su salario.
x Estos son los datos al mes de marzo de 2011. De esta cifra, se calculan más de 1500 mujeres y niños asesinados por el ejército en retenes, “fuego cruzado” o ejecuciones extrajudiciales.
xi Ver: Gilberto López y Rivas et al. Las Fuerzas Armadas Mexicanas a fin del milenio. Cámara de Diputados LVII Legislatura, 1999. También: Gilberto López y Rivas. “Las Fuerzas Armadas en la Transición Democrática”, en El Ejercito y La Constitución Mexicana, publicado por Plaza y Valdés Editores 2ª. Edición, México, 1999.
xii Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez, Luís Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas et al. Llamamiento a la Nación Mexicana. Publicado en La Jornada. 16 de noviembre de 2007.
xiii Pablo González Casanova. “Los indios de México hacia el nuevo milenio”. La Jornada, 9 de septiembre de 1998.
xiv Ver: Gilberto López y Rivas. “Los límites de la democracia neoliberal”. Rebelión. 17-06-2006 y “Democracia tutelada versus Democracia Autonomista” en Rebelión. 28-03-2006.
xv Ana María Rivadeo. Ob. Cit., p. 37.
xvi Gilberto López y Rivas. “Paramilitarismo e insurgencia en México” en Memoria, # 133, México, junio de 1999, pág. 2.
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