Líderes indígenas
y campesinos de AL denuncian estragos del neoliberalismo
Armando G. Tejeda
15 de junio de 2005
De México a la Amazonia, crímenes,
desalojos masivos y apropiación de reservas
Afirman que, al amparo del poder, grupos paramilitares
realizan homicidios selectivos
Madrid, 14 de junio. El desalojo masivo de comunidades
indígenas y campesinas y la apropiación de reservas
naturales, así como asesinatos "colectivos y selectivos"
por grupos paramilitares a la sombra del poder público,
son frecuentes en numerosas regiones de América Latina,
se denunció en el seminario Territorio, vida y seguridad
humana frente a planes económicos y militares, que se celebró
en Madrid.
Decenas de representantes de comunidades indígenas
y campesinas de América Latina se reunieron en la capital
española para analizar y denunciar los estragos de la globalización
y el neoliberalismo, de Chiapas, México, a la Amazonia.
La situación es similar en México,
Colombia, Costa Rica, Argentina o Brasil, en zonas donde empresas
multinacionales, estadunidenses o europeas llevan a cabo proyectos
comerciales y de explotación de los recursos naturales.
Esos "desalojos" de los pobladores
originales de América Latina se han caracterizado por la
brutalidad de grupos paramilitares que actúan con la anuencia
de algunos gobiernos.
La situación en Chiapas, en concreto
en Montes Azules, también fue motivo de análisis
durante el encuentro, máxime cuando ya se sufren las consecuencias
en las comunidades indígenas del llamado Plan Puebla-Panamá.
Rubén Moreno, de la Red de Defensores
Comunitarios por los Derechos Humanos de Chiapas, explicó
a La Jornada: "La implementación de varios programas
en Montes Azules, algunos de ellos con recursos de la Unión
Europea (UE), están provocando el desalojo de las comunidades.
En Montes Azules se está intentando limpiar la zona con
el uso de la fuerza militar y paramilitar para que el gobierno
y las trasnacionales puedan desarrollar sus megaproyectos".
El representante mexicano denunció la
proliferación de campamentos militares en esa región
de Chiapas, además de que persiste el temor a una nueva
escalada violenta de los diversos grupos paramilitares existentes
en la zona.
Moreno señaló que "lo único
que nos queda es pelear y resistir para que no nos desalojen de
nuestra tierra, y denunciarlo en el exterior para recibir el apoyo
internacional, ya que en México no hay justicia. Un ejemplo
de esto es lo que sucedió en 2003 en varias regiones de
Chiapas -como en el caracol de Morelia o la Garrucha-, donde hubo
una serie de asesinatos a manos de paramilitares y hasta la fecha
no ha habido ninguna detención.
"Como siempre, las comunidades indígenas
no sentimos ningún tipo de protección de las autoridades
mexicanas. Al contrario, hay un permanente hostigamiento militar.
Pero ante el aumento del control del Ejército nosotros
tenemos la esperanza de que nuestras denuncias en el exterior
provoquen la sensibilización de la gente sobre lo que está
pasando en Chiapas y en América Latina, pues se está
aniquilando a comunidades y culturas enteras, además de
la usurpación de su territorio. Por eso nos extraña
que hasta la fecha no hayamos tenido ninguna respuesta de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre nuestra reclamación
sobre los hechos de Montes Azules."
Sobre la situación en Colombia, el sacerdote
jesuita Javier Giraldo denunció la impunidad de que gozan
autores de miles de crímenes, perpetrados por comandos
paramilitares en años recientes.
Sostuvo que el origen del paramilitarismo en
Colombia se remonta a 1962, cuando Estados Unidos llegó
para extender su política de seguridad en América
Latina y exigió al gobierno la legalización de grupos
mixtos de militares y civiles para ser adiestrados por ellos.
Agregó que estos grupos se han sustentado
en un base ideológica que se ha asumido y extendido entre
la población civil, en la que se acepta la alianza del
poder civil con el militar, sin que se fijen con claridad las
fronteras entre ambas, lo que ha derivado en la impunidad total
de sus crímenes.
Los representantes de Colombia, Brasil, Chile,
Argentina, México y Bolivia, además del Movimiento
de los Sin Tierra, los indígenas Mapuche, las Madres de
Plaza de Mayo y defensores de los derechos humanos de Chiapas,
Costa Rica, Bélgica, Italia, Cataluña e Irlanda
hicieron una declaración de alerta a la comunidad internacional.
"Desde el mundo de la exclusión
y su autoritarismo nos pretenden imponer los conceptos y planes
de la globalización neoliberal y de la impunidad de crímenes
de lesa humanidad", señalaron.
En cuanto a las amenazas latentes, apuntan que
proyectos como el Plan Puebla-Panamá "descomponen
a los pueblos y atentan contra la vida, el territorio colectivo,
las aspiraciones de seguridad humana y la dignidad de millones
de personas, especialmente de las comunidades que han sido azotadas
por la militarización y paramilitarización al servicio
de intereses hegemónicos y de multinacionales".
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