Lospobresdelatierra.org - Inicio

 

Costa Rica está lista para fabricar armas

Eduardo Ramírez Flores

Semanario Universidad

28 de setiembre del 2006



Emiten decreto con reglamento

Analistas destacan contradicción entre discurso pacifista del presidente Arias y decreto que facilita la fabricación de armas en el país.

Costa Rica está preparada desde el pasado 23 de agosto para producir municiones, armamento pesado y otros materiales bélicos, gracias a la publicación de un decreto ejecutivo que reglamenta los permisos sanitarios para fábricas de este tipo, las cuales se instalarían en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Mientras aún estaba fresca la tinta del decreto (No.33240-S), su firmante: el presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, pronunció el pasado 19 de setiembre en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, un discurso que a algunos en Costa Rica les pareció contradictorio con lo decretado.

"Denunciemos el aumento del gasto militar, la carrera armamentista y el comercio de armas como ofensas a la condición humana", expresó el mandatario en una propuesta - que él ha llamado "Consenso de Costa Rica"-, dirigida a las naciones del planeta.

En ese discurso, Arias destacó también que "desde 1948, por la visión de un hombre sabio, el expresidente José Figueres, Costa Rica abolió el ejército, le declaró la paz al mundo y apostó por la vida". Justo el pasado 25 de setiembre se conmemoró el centenario del nacimiento del tres veces expresidente Figueres (ver artículo en esta misma sección).

La contradictoria decisión del Premio Nobel de la Paz de permitir la fabricación de armas pesadas en suelo costarricense en aras del libre comercio, fue criticada por analistas consultados por este Semanario, como Hilda Chen Apuy, ganadora del premio nacional "Magón" (2003).
A ella se sumaron Daniel Camacho, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidente de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (FUNDEHUCA); y Francisco Barahona, politólogo y analista.

Debido a que el mandatario Arias Sánchez estaba en Estados Unidos la semana anterior, a su hermano y ministro de la Presidencia, Rodrigo, se le enviaron desde el jueves 21 -por medio de su periodista, Pablo Guerén- las siguientes preguntas: ¿En su opinión hay contradicción entre la decisión del Gobierno de emitir un decreto que reglamenta la producción e instalación de fábricas de armamentos y la política del Presidente de promover el desarme en el mundo? ¿Cree usted que una acción como la mencionada afecte el prestigio internacional de Costa Rica -que se promociona como país de paz y sin ejército-, así como el impulso presidencial al Tratado de Comercialización de Armas? Al cierre de esta edición (lunes 25) no había respuesta a la consulta.

Además se buscó conocer el criterio del director de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Luis Alberto Cordero, pero la directora técnica de esa entidad, Carla Morales, aseguró que estaba fuera del país y que él era el vocero autorizado.

DECRETO, ARMAS Y COMERCIO

El referido decreto salió publicado en el diario La Gaceta del 23 de agosto, rubricado por Arias y su ministra de Salud, María Luisa Ávila, tras considerar el Gobierno que es su obligación velar por la salud de la población, "sin que por ello se obstaculicen innecesariamente las condiciones de competitividad, para el desarrollo de la actividad económica del país".

La normativa se denomina "Reglamento General para el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud", y deroga el anterior del 2002 "con el objetivo de modernizar y ajustar el tema a la realidad actual del país y de este Ministerio, además de que se procura la simplificación de trámites administrativos".

Dicho reglamento regula múltiples actividades comerciales y productivas del país, aunque a diferencia del derogado, incorpora como novedad la fabricación de armas portátiles, escopetas, pistolas de aire y gas comprimido, explosivos y municiones, armas pesadas, ametralladoras pesadas, piezas de artillería y otras (véase "Armamento aparece en anexo del TLC", en UNIVERSIDAD del 08-09-05).

La divulgación del dato de que el TLC permitiría la fabricación, importación y exportación de armas, generó polémica a finales del año pasado, y uno de los mayores críticos fue el expresidente Rodrigo Carazo Odio, quien calificó de "guerrerista" el tratado.

"Como no es posible hacer cambio alguno al TLC, estamos ante el riesgo y la vergüenza de que se use ese libre comercio de armas de guerra en nuestro país sin ejército y que, con el afán de estimular -la tan apetecida por muchos- inversión extranjera y bajo la alta presión militarista que angustia al mundo, se convierta a Costa Rica en re-exportadora de armas de guerra", cuestionó Carazo en una carta enviada en julio al entonces mandatario Abel Pacheco.

Por su parte, la viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, afirmó el 15 de junio pasado (diario Extra) que "al igual que en la situación vigente hoy, bajo el TLC la fabricación, el uso, la importación y la comercialización de armas de guerra están prohibidos".

Sin embargo, la funcionaria no dijo en ese momento que la "Ley de armas y explosivos" (No.7530 de 1995), fue modificada en el 2001 (Ley No.8201) de tal manera, que su artículo 65 establece que se puede fabricar, almacenar, comerciar, importar y exportar armas, municiones, explosivos, artificios, pólvora en todas sus presentaciones y materias primas para elaborar productos regulados por esta ley, previa obtención de los respectivos permisos.

COCTEL DE PAZ Y ARMAS

Respecto de las reacciones surgidas por la política del mandatario Arias Sánchez de promover el desarme mundial y el libre comercio que incluye las armas, la premio Magón -Hilda Chen Apuy- comentó que "es muy raro que el Presidente hable en la ONU de desarme y de castigar a los países que compren armas. ¿Cómo entendemos que a la vez se reglamente aquí la instalación de fábricas de armas? (...) ¿Será que nos vamos a convertir en maquiladores de armamento?"

La catedrática de la UCR recordó que esta situación motivó una carta suya que envió al magisterio nacional el año pasado, en la cual alertaba por los artículos del TLC que obligan a desgravar la importación de armas, y que fue negado por autoridades gubernamentales.

Para Chen Apuy "¿cómo va a ser que no tengamos ejército, que tenemos una Constitución que nos dice que es para la paz, que tenemos una proclama de neutralidad permanente, y el negocio de las armas? (...) Eso es inmoral, porque significa hacer armamento para ir a bombardear pueblos inocentes".

Mientras tanto, el sociólogo y presidente de FUNDEHUCA, Daniel Camacho, calificó de paradójico el hecho de que "un gobierno que se dice del Partido Liberación Nacional, emita un decreto de esa naturaleza"; esto, en alusión a los 100 años del nacimiento de José Figueres, exgobernante liberacionista que abolió el ejército.

Según Camacho, ese decreto "como costarricense me da vergüenza, porque dice: mátense todos los demás, excepto los ticos". Si se pretende ser consecuentes con la abolición del ejército, no debemos tener fábricas de armamentos, advirtió.

En su opinión, el citado decreto afectará en el ámbito internacional la imagen pacifista de Costa Rica y el proyecto de Arias llamado "Consenso de Costa Rica", el cual promueve la condonación de deudas y el apoyo financiero a aquellos en desarrollo que inviertan más en educación, salud, y vivienda, "y cada vez menos en armas y soldados".

Por su parte, el politólogo Francisco Barahona coincidió con Chen y Camacho, en cuanto a la contradicción del decreto y los postulados pacifistas del país; ve como un contrasentido la firma por parte del mandatario, y "de cara al discurso que pronunció en la asamblea general de la ONU me parece que no tiene ninguna lógica".

En torno a si afectará la imagen del país, Barahona reclamó que más allá de eso, "ese es un hecho que los ciudadanos costarricenses no tenemos por qué aceptar. Costa Rica no debe ser territorio para producción de armas, de la industria de la muerte".

La acción del Gobierno "podría incluso ser considerada hasta una traición al compromiso civilista y antimilitarista del país", agregó.