Sistemático,
el abuso a prisioneros por soldados de EU en el extranjero
David
Brooks
La
Jornada
26
de enero de 2005
Documentos oficiales demuestran que Abu Ghraib no fue un caso
aislado
Inadecuadas,
las investigaciones del Pentágono al respecto: grupos pro
derechos humanos
Condena HRW que Washington busque salidas para permitir la tortura
en interrogatorios
Nueva York, 25 de enero. Nuevos documentos oficiales revelan decenas
-tal vez cientos- de incidentes de posible abuso de detenidos
en instalaciones militares estadunidenses tanto en Irak como en
varias partes del mundo, lo que lleva a grupos de derechos humanos
a denunciar que el escándalo de Abu Ghraib no fue excepción,
sino parte del abuso sistemático hacia prisioneros extranjeros.
Los
nuevos documentos del Pentágono fueron obtenidos como resultado
de una demanda legal promovida por la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), revelan
que prisioneros iraquíes habían presentado decenas
de quejas de abuso contra oficiales estadunidenses e iraquíes.
Sin embargo, las más de 50 investigaciones criminales realizadas
por los militares estadunidenses acabaron con casi ningún
cargo o castigo a responsables, con mínimas excepciones.
Estos
nuevos documentos revelan, entre otros casos, aparentes abusos
contra detenidos en un palacio poco conocido en Bagdad convertido
en prisión estadunidense. Algunos de los abusados fueron
trasladados después a la famosa cárcel de Abu Ghraib.
Un
contratista gubernamental informó a investigadores estadunidenses
que hasta unos 90 incidentes de "posible abuso" habían
ocurrido en el palacio, aunque sólo algunas de esas quejas
están documentadas. También se mencionan posibles
abusos en otros centros de detención estadunidenses en
Irak, algunos ligados a unidades clandestinas del Pentágono
y la CIA.
La
ACLU ha logrado revelar miles de páginas de documentos
oficiales en los últimos meses, los cuales han detallado
cientos de casos de tortura y posibles abusos, y han sustentado
acusaciones de que Estados Unidos aplica sistemáticamente
políticas que violan los derechos humanos en sus instalaciones
militares de detención en Irak y otras partes del mundo.
Esta
semana, con base en los nuevos documentos, la ACLU acusó
al Pentágono de realizar investigaciones "inadecuadas"
de cientos de acusaciones como estas. "Algunas de las investigaciones
básicamente han encubierto la tortura y el abuso. Los documentos
obtenidos por la ACLU ofrecen un cuento condenatorio de amplia
tortura que va mucho más allá de los muros de Abu
Ghraib", declaró Anthony D. Romero, director del grupo,
en entrevista con el diario Los Angeles Times.
En
los nuevos documentos se registran quejas sobre abusos y tortura
como la aplicación de choques eléctricos, quemadas
por cigarro, golpizas con mangueras y otros instrumentos, patadas,
encapuchamiento, posiciones de estrés, privación
de sueño, intimidaciones de todo tipo y violaciones sexuales
con botellas y palos e incluso por lo menos siete muertes. Por
ejemplo, hay el caso de una familia arrestada, de la cual una
hermana acusó que el cuerpo golpeado y sangrando de su
hermano fue arrojado a su celda, y el hermano murió poco
después.
Otro
hermano de la familia denunció que lo jalaron del pene
y le introdujeron una botella de agua en el recto. Declaraciones
legales de contratistas militares de la empresa CACI Internacional
apoyaron parte de estas versiones sobre la familia.
Los
documentos registran otras quejas de tortura, golpizas, técnicas
de interrogatorio con agua, violaciones sexuales con palos y electroshock
en los testículos de un detenido.
Varios
fueron trasladados a Abu Ghraib, y ahí un interrogador
informó a investigadores que "muchos detenidos que
llegaban habían sido abusados. Cuando los estábamos
revisando nos preguntaban: ¿aquí nos van a golpear
también? Algunos tenían hombros fracturados, otros
llegaban en muletas".
En
uno de los documentos, fechado noviembre de 2003, un soldado estadunidense
dice: "vi lo que creo que fueron crímenes de guerra"
en un centro de detención en Bagdad. "En mi mente,
mi cadena de comando no hizo nada para detener estos crímenes
de guerra y permitió que ocurrieran".
Pero
según los documentos, las investigaciones militares de
estas acusaciones de abuso fueron abandonadas o suspendidas por
toda una serie de razones como la falta de pruebas, no ubicar
a testigos o víctimas, entre otras.
El
gobierno estadunidense insiste en que los abusos son resultado
de unos cuantos soldados de bajo rango y de las fuerzas iraquíes,
y que no hay pruebas de que altos oficiales o funcionarios hayan
ordenado o aceptado tales prácticas. Hoy, el vocero del
Departamento de Estado, Richard Boucher, ofreció un comentario
poco directo sobre las condiciones dentro de los centros de detención
estadunidenses en Irak: "Sabemos, de hecho, que los iraquíes
están comprometidos, igual que nosotros, en prevenir los
abusos de derechos humanos", y agregó: "sabemos
que ellos comparten nuestras preocupaciones y están apoyando
activamente los derechos humanos en Irak".
El
Pentágono insiste en que ha realizado investigaciones amplias
y agresivas de toda acusación "creíble",
informando a los medios que se han llevado a cabo más de
300 indagatorias criminales sobre los supuestos maltratos de detenidos,
y que han sometido a 100 soldados a juicios militares.
Sin
embargo, informes del Pentágono, documentos oficiales revelados
por organizaciones como ACLU y el Centro sobre Derechos Constitucionales
y más a lo largo de los últimos meses, parecen comprobar
que los abusos cometidos en Abu Ghraib se repitieron en alguna
medida en los centros de detención estadunidenses en Irak,
Afganistán, Guantánamo y en algunos centros clandestinos
en otras partes del mundo.
Aunque
hasta la fecha sólo se ha culpado a soldados de rango menor
-como los siete en el caso de Abu Ghraib- es cada día más
difícil desmentir que estas prácticas no forman
parte de una política mucho más amplia, incluso
con la autorización de funcionarios en los más altos
niveles del gobierno.
Gonzales,
el "arquitecto" de la política del atropello
Es
en torno a esto, precisamente, es que varios grupos de derechos
humanos y algunos políticos están expresando su
oposición al nombramiento de Alberto Gonzales, el consejero
legal de la Casa Blanca, al puesto de procurador general, al considerarlo
un "arquitecto" de estas políticas.
Por
cierto, hoy Human Rights Watch condenó nuevamente los intentos
del gobierno de Bush para evadir las restricciones legales sobre
el tratamiento de detenidos extranjeros. "El gobierno de
Bush dice que rechaza la tortura y el trato inhumano, pero continúa
buscando escapatorias para permitir el abuso de interrogadores
estadunidenses", acusó Kenneth Roth, director ejecutivo
de la organización de derechos humanos.
HRW
señaló que el gobierno de Bush ha buscado justificar
la suspensión de la aplicación de los convenios
de Ginebra, pero señaló que también tiene
que someterse a la Convención contra la Tortura.
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