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Sistemático, el abuso a prisioneros por soldados de EU en el extranjero

David Brooks

La Jornada

26 de enero de 2005

 

Documentos oficiales demuestran que Abu Ghraib no fue un caso aislado

Inadecuadas, las investigaciones del Pentágono al respecto: grupos pro derechos humanos

Condena HRW que Washington busque salidas para permitir la tortura en interrogatorios

 

Nueva York, 25 de enero. Nuevos documentos oficiales revelan decenas -tal vez cientos- de incidentes de posible abuso de detenidos en instalaciones militares estadunidenses tanto en Irak como en varias partes del mundo, lo que lleva a grupos de derechos humanos a denunciar que el escándalo de Abu Ghraib no fue excepción, sino parte del abuso sistemático hacia prisioneros extranjeros.

Los nuevos documentos del Pentágono fueron obtenidos como resultado de una demanda legal promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), revelan que prisioneros iraquíes habían presentado decenas de quejas de abuso contra oficiales estadunidenses e iraquíes. Sin embargo, las más de 50 investigaciones criminales realizadas por los militares estadunidenses acabaron con casi ningún cargo o castigo a responsables, con mínimas excepciones.

Estos nuevos documentos revelan, entre otros casos, aparentes abusos contra detenidos en un palacio poco conocido en Bagdad convertido en prisión estadunidense. Algunos de los abusados fueron trasladados después a la famosa cárcel de Abu Ghraib.

Un contratista gubernamental informó a investigadores estadunidenses que hasta unos 90 incidentes de "posible abuso" habían ocurrido en el palacio, aunque sólo algunas de esas quejas están documentadas. También se mencionan posibles abusos en otros centros de detención estadunidenses en Irak, algunos ligados a unidades clandestinas del Pentágono y la CIA.

La ACLU ha logrado revelar miles de páginas de documentos oficiales en los últimos meses, los cuales han detallado cientos de casos de tortura y posibles abusos, y han sustentado acusaciones de que Estados Unidos aplica sistemáticamente políticas que violan los derechos humanos en sus instalaciones militares de detención en Irak y otras partes del mundo.

Esta semana, con base en los nuevos documentos, la ACLU acusó al Pentágono de realizar investigaciones "inadecuadas" de cientos de acusaciones como estas. "Algunas de las investigaciones básicamente han encubierto la tortura y el abuso. Los documentos obtenidos por la ACLU ofrecen un cuento condenatorio de amplia tortura que va mucho más allá de los muros de Abu Ghraib", declaró Anthony D. Romero, director del grupo, en entrevista con el diario Los Angeles Times.

En los nuevos documentos se registran quejas sobre abusos y tortura como la aplicación de choques eléctricos, quemadas por cigarro, golpizas con mangueras y otros instrumentos, patadas, encapuchamiento, posiciones de estrés, privación de sueño, intimidaciones de todo tipo y violaciones sexuales con botellas y palos e incluso por lo menos siete muertes. Por ejemplo, hay el caso de una familia arrestada, de la cual una hermana acusó que el cuerpo golpeado y sangrando de su hermano fue arrojado a su celda, y el hermano murió poco después.

Otro hermano de la familia denunció que lo jalaron del pene y le introdujeron una botella de agua en el recto. Declaraciones legales de contratistas militares de la empresa CACI Internacional apoyaron parte de estas versiones sobre la familia.

Los documentos registran otras quejas de tortura, golpizas, técnicas de interrogatorio con agua, violaciones sexuales con palos y electroshock en los testículos de un detenido.

Varios fueron trasladados a Abu Ghraib, y ahí un interrogador informó a investigadores que "muchos detenidos que llegaban habían sido abusados. Cuando los estábamos revisando nos preguntaban: ¿aquí nos van a golpear también? Algunos tenían hombros fracturados, otros llegaban en muletas".

En uno de los documentos, fechado noviembre de 2003, un soldado estadunidense dice: "vi lo que creo que fueron crímenes de guerra" en un centro de detención en Bagdad. "En mi mente, mi cadena de comando no hizo nada para detener estos crímenes de guerra y permitió que ocurrieran".

Pero según los documentos, las investigaciones militares de estas acusaciones de abuso fueron abandonadas o suspendidas por toda una serie de razones como la falta de pruebas, no ubicar a testigos o víctimas, entre otras.

El gobierno estadunidense insiste en que los abusos son resultado de unos cuantos soldados de bajo rango y de las fuerzas iraquíes, y que no hay pruebas de que altos oficiales o funcionarios hayan ordenado o aceptado tales prácticas. Hoy, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, ofreció un comentario poco directo sobre las condiciones dentro de los centros de detención estadunidenses en Irak: "Sabemos, de hecho, que los iraquíes están comprometidos, igual que nosotros, en prevenir los abusos de derechos humanos", y agregó: "sabemos que ellos comparten nuestras preocupaciones y están apoyando activamente los derechos humanos en Irak".

El Pentágono insiste en que ha realizado investigaciones amplias y agresivas de toda acusación "creíble", informando a los medios que se han llevado a cabo más de 300 indagatorias criminales sobre los supuestos maltratos de detenidos, y que han sometido a 100 soldados a juicios militares.

Sin embargo, informes del Pentágono, documentos oficiales revelados por organizaciones como ACLU y el Centro sobre Derechos Constitucionales y más a lo largo de los últimos meses, parecen comprobar que los abusos cometidos en Abu Ghraib se repitieron en alguna medida en los centros de detención estadunidenses en Irak, Afganistán, Guantánamo y en algunos centros clandestinos en otras partes del mundo.

Aunque hasta la fecha sólo se ha culpado a soldados de rango menor -como los siete en el caso de Abu Ghraib- es cada día más difícil desmentir que estas prácticas no forman parte de una política mucho más amplia, incluso con la autorización de funcionarios en los más altos niveles del gobierno.

Gonzales, el "arquitecto" de la política del atropello

Es en torno a esto, precisamente, es que varios grupos de derechos humanos y algunos políticos están expresando su oposición al nombramiento de Alberto Gonzales, el consejero legal de la Casa Blanca, al puesto de procurador general, al considerarlo un "arquitecto" de estas políticas.

Por cierto, hoy Human Rights Watch condenó nuevamente los intentos del gobierno de Bush para evadir las restricciones legales sobre el tratamiento de detenidos extranjeros. "El gobierno de Bush dice que rechaza la tortura y el trato inhumano, pero continúa buscando escapatorias para permitir el abuso de interrogadores estadunidenses", acusó Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización de derechos humanos.

HRW señaló que el gobierno de Bush ha buscado justificar la suspensión de la aplicación de los convenios de Ginebra, pero señaló que también tiene que someterse a la Convención contra la Tortura.

 

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