Posición de Venezuela ante la Organización Mundial de Comercio
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11 de septiembre del 2003
El Ministro de la Producción y el Comercio, Ramón Rosales Linares
presenta un documento denominado "Privilegiando el derecho al desarrollo",
donde señala unas reflexiones y fija la posición del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela en el marco de las negociaciones para
regular el comercio internacional ante la V Reunión Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio que se lleva a cabo en este balneario
mexicano.A continuación texto del documento presentado por el ministro de la
Producción y el Comercio, Ramón Rosales Linares."En esta V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio,
tengo la responsabilidad de comunicar a la comunidad internacional y
organizaciones que hacen vida alrededor de estos asuntos de gran
trascendencia, algunas reflexiones del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela en relación con el estado actual de las negociaciones de la
OMC y sus futuras consecuencias.Balance entre compromisos y resultados derivados de los acuerdos
"Desde la creación del sistema multilateral de comercio se pretendió
como fundamento, que el comercio internacional lograría, per se, un
desarrollo humano sustentable, particularmente mediante su liberalización,
con lo que supuestamente se alcanzarían mejores condiciones de acceso a
los mercados de los países miembros. Para ello se diseñaron y acordaron
una serie de normas en diferentes áreas del sistema multilateral de
comercio."No obstante la exigencia de reciprocidad en el cumplimiento de muchas
de las normas acordadas ignoró las grandes diferencias existentes entre
las economías vinculadas al sistema multilateral y los diferentes
niveles de desarrollo. Al obligar a los países con economías desiguales a
comportarse como iguales, se originaron grandes perjuicios para las
naciones en desarrollo."Si bien es cierto que hay algunas previsiones adoptadas con respecto
al Trato Especial y Diferenciado, estas, en su mayoría, no se han
cumplido, en algunos casos no existe la capacidad suficiente para que los
países en desarrollo puedan obtener alguna ventaja de la aplicación de
tales normas generándose mayores desequilibrios en las relaciones de
intercambio entre los países desarrollados y en desarrollo."En estas circunstancias, no quedan dudas acerca de cuáles han sido los
países ganadores y cuáles los perdedores, dadas las características del
actual sistema de comercio internacional.Como lo registra el Informe para el desarrollo humano del año 2003 de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los
países con índice de desarrollo humano (IDH) bajo, en 1990 participaban
con el 0,86% de las exportaciones mundiales contrastando con el 82,82%
de la participación correspondiente a las naciones con índice alto.Para el año 2001 la participación en las exportaciones mundiales con
bajo IDH, había disminuido al 0,66%, una clara e incuestionable evidencia
de quienes han sido los perdedores de la Ronda de Uruguay.No adopción de nuevos compromisos
"Como puede apreciarse, persiste y se incrementa con el tiempo la
brecha de desigualdad y beneficios que resultan del fiel cumplimiento de
esos mecanismos, llevando a cuestionar la eficacia del libre comercio, en
los términos en los que se encuentra planteado y en la forma en que
ellos se ejecutan, imposibilitando que el sistema pueda, efectivamente,
constituir un factor clave para atender de manera justa y equilibrada el
desarrollo humano."La evidencia indica que a pesar de los esfuerzos de los países en
desarrollo para adaptarse a esas normas, la calidad de vida no ha mejorado
y son preocupantes las limitaciones de acceso a los bienes y servicios
básicos de subsistencia de la mayoría de la población mundial."De allí que la delegación de la República Bolivariana de Venezuela
plantee la necesidad de no adoptar nuevos compromisos hasta no resolverse
la extensa y variada gama de asuntos pendientes, fundamentalmente los
que afectan a los países en desarrollo."Antes de iniciar cualquier nueva negociación, el gobierno de la
Republica Bolivariana de Venezuela considera que se debe realizar una
revisión pública de las consecuencias de los acuerdos de Marrakech y de su
impacto sobre el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades
entre países según sus niveles de desarrollo, el empleo, el ambiente,
tal como lo solicita el Consejo Económico y Social (CES) a la Unión
Europea.Priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social
"Para el mundo industrializado, los problemas comerciales se limitan a
una competencia por los mercados, para el mundo en desarrollo, el
problema fundamental se centra en la lucha contra la pobreza, secuela de
políticas equivocadas derivadas de modelos liberalizadores endógenos con
visión excluyente. Siendo extremadamente diferentes los problemas a
resolver, diferentes son entonces los enfoques y las soluciones, esto es
una realidad insalvable."En las negociaciones para liberalizar y desregular el comercio y las
inversiones se le ha dado poca importancia a la lucha contra la pobreza
y la exclusión social. Para que el libre comercio pueda traducirse en
una mayor calidad de vida y bienestar para los pueblos del mundo, la OMC
tiene que enfrentar los verdaderos obstáculos del libre comercio.El intercambio desigual que prevalece como expresión de un orden
económico internacional injusto; El acceso a la información, el conocimiento
y la tecnología por parte de los países en vías de desarrollo; Las
disparidades y asimetrías que colocan en una insalvable desventaja a los
países del sur frente a las potencias del norte; El peso de una deuda
externa impagable que absorbe un creciente porcentaje de los fondos que
pudieran destinarse a la inversión pública y al intercambio comercial; El
impacto negativo de las políticas de ajuste estructural impuestas por
los organismos financieros internacionales; Los obstáculos para acceder
al financiamiento internacional El incumplimiento del mundo
industrializado de destinar al menos el 0,7 de su PIB para la asistencia al
desarrollo, acordado en la cumbre de Monterrey; Los obstáculos para que los
países en desarrollo puedan, en función de sus propias realidades y
potencialidades, desarrollar planes de crecimiento y desarrollo propios.Aplicación de políticas públicas
"En los últimos años ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que
privilegia al mercado frente a la acción estatal sin tomar en cuenta la
negativa experiencia global y sin considerar las formas en las cuales el
Estado ha intervenido de manera exitosa en diferentes experiencias
históricas de desarrollo."El mercado por sí solo no será, como no la ha sido nunca, capaz de
garantizar ni el crecimiento económico, ni la superación de la pobreza, ni
el logro de la equidad en el mundo en desarrollo.La evidencia demuestra lo contrario: en las últimas dos décadas se ha
producido un acelerado proceso de liberalización y desregulación a
escala planetaria y simultáneamente se han acentuado las desigualdades tanto
al interior de los países como entre los países.Ante estos hechos irrebatibles es necesario reintroducir el tema de la
adecuada intervención del Estado y de reivindicar el papel de las
políticas públicas como condiciones sin las cuales no sería posible alcanzar
la meta deseada de un desarrollo equitativo, democrático y
ambientalmente sostenible."El tema de las relaciones entre el mercado y el Estado no es un asunto
que se pueda resolver de manera inmediata para las futuras situaciones
y coyunturas, con base en supuestos teóricos o políticos generales. Ni
la hegemonía del Estado ni el fundamentalismo de mercado son las
alternativas en las cuales Venezuela y los países del sur podrán encontrar
las claves para el desarrollo económico y social."Nuestro principio es: "Tanto mercado como sea posible y tanto Estado
como sea necesario". La armonización entre el papel del Estado y la
dinámica del mercado son asuntos que deben decidirse en cada contexto, de
acuerdo con las condiciones particulares y la voluntad democrática de
los ciudadanos, y en ejercicio de la soberanía. Ningún acuerdo comercial
puede pretender resolver esta tensión de una sola vez a favor del
Estado o del mercado."No se trata, entonces, de limitar la acción reguladora de los Estados
para allanar el camino de la liberalización económica a través de la
adopción irreversible de acuerdos internacionales de obligatorio
cumplimiento. No basta con liberalizar el comercio y las inversiones para
garantizar el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar
colectivo. Sin mecanismos expresos que faciliten el diseño y ejecución de
políticas públicas dirigidas a lograr una reducción significativa de las
disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades
productivas, la libre competencia entre desiguales, no puede conducir sino al
fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamiento aún mayor de
los mas débiles.Nuevos actores en el sistema multilateral de comercio
"Solo mediante un proceso de negociaciones efectivamente participativo
para el conjunto de la sociedad -sectores empresariales, trabajadores,
organizaciones indígenas, de mujeres, culturales, ambientales, partidos
políticos, Parlamentos, prensa- podremos afirmar que estamos avanzado
en la dirección de un proceso que pueda caracterizarse como
verdaderamente democrático y generador de riqueza."El actual modelo de negociación no hace posible la participación de
las organizaciones sociales en el seguimiento de los temas fundamentales
y el resultado de los acuerdos. Sin embargo, se le otorga un alto grado
de discrecionalidad a los representantes de las grandes potencias,
convirtiendo, de hecho, las posturas de estos representantes en decisiones
prácticamente secretas que niegan de antemano la participación de los
países en vías de desarrollo en los asuntos cruciales que se discuten."La incorporación de nuevos y válidos actores en el Sistema
Multilateral de Comercio es una exigencia democrática. La transparencia, el acceso
pleno a la información y el derecho a la participación en el proceso de
toma de decisiones tienen su fundamento principal en el hecho de que la
OMC es mucho más que un acuerdo comercial, puesto que sus normas
impactan decisivamente al más amplio espectro de la vida colectiva en sus
dimensiones institucionales, políticas, sociales e, incluso, culturales.Democratización de la toma de decisiones y negociaciones
"Otro elemento de evaluación es el tema de la transparencia como
experiencia democrática y democratizadora del Sistema. Hay que reconocer los
esfuerzos realizados por el actual director de la organización por
hacer del conocimiento público sus normas y decisiones fundamentales, así
como la interacción que se viene dando en los últimos años con las
organizaciones sociales."Sin embargo, no es menos cierto que siguen existiendo mecanismos
informales poco transparentes en el proceso de negociaciones a través de los
cuales, generalmente, terminan imponiéndose los intereses de las
grandes potencias. Ejemplo de ello son las reuniones mini- ministeriales,
cuyos participantes son limitados, con temas de interés específico, etc.,
donde la posibilidad de negociación para aquellos países que quedan
excluidos los coloca en desventaja, reflejándose en resultados adversos a
los esperados.Derechos humanos por encima de los mercantiles
"En estos procesos hay una marcada tendencia a priorizar los derechos
mercantiles sobre los humanos, desplazándolos hacia el comercio. Se
trastoca así la filosofía de los derechos humanos al imponer la libertad de
comercio y la rentabilidad de la inversión como paradigma de la
materialización de estos."La creación de un nuevo sujeto de derecho en torno a los derechos
comerciales coloca a las empresas en un nivel equivalente al de las
personas y los Estados. La supremacía que se le otorga a los derechos
mercantiles sobre los derechos humanos se traduce en una seria amenaza a estos
últimos. Esto es particularmente preocupante dado que, en general, los
tratados para la liberalización del comercio y la inversión tienen
mecanismos mucho más efectivos para garantizar su cumplimiento -mediante
fuerte sanciones- que los previstos en los acuerdos y tratados de
derechos humanos, laborales, culturales y ambientales."Para el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, los
derechos económicos, culturales y civiles son y serán interdependientes,
indivisibles e irrenunciables. En consecuencia, los intereses comerciales no
podrán tener supremacía por encima de los derechos humanos y la
soberanía de los Estados.La agricultura y las políticas proteccionistas
"El artículo 305 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela señala: "El Estado promoverá la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral y en consecuencia garantiza
la seguridad alimentaria de la población; entendida como la
disponibilidad suficiente y estable de los alimentos en el ámbito nacional y el
acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores. La
seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la
producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal, la proveniente
de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La
producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo
económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las
medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia
de la tierra, infraestructura, capacitación de la mano de obra y otras
que fueran necesarias, para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la
economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias
de la actividad agrícola" "Con este mandato constitucional, la
delegación venezolana ante la V Reunión Ministerial de la OMC se pronunciará
por la reducción de las políticas proteccionistas y de los ruinosos
subsidios que otorgan los países industrializados, sin que esta exigencia se
convierta en una obligación generalizada que impida a los países en
desarrollo hacer uso de estos instrumentos y otras políticas públicas para
acortar la desventaja que sufren frente a las grandes potencias que
subsidian a los agricultores.Aunque se limiten las barreras arancelarias a las exportaciones de los
países en desarrollo, es imposible competir con los precios subsidiados
de los países del Norte. Tales prácticas impiden o dificultan el acceso
a los mercados del mundo. Los productos subsidiados compiten
deslealmente en nuestros propios mercados internos y su ventaja competitiva se
hace mucho mayor al reducir o eliminar nuestros aranceles. Incluso, si
las potencias eliminaran tales subsidios y apoyo a sus productos, la
relación aun permanecería desigual. Por ello, no se nos puede exigir que
hagamos lo mismo y asumamos mayores compromisos de liberalización.Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros de
las naciones desarrolladas para apoyar la agricultura; solo contamos con
la firme voluntad de diseñar y desarrollar instrumentos de política
para paliar los efectos perjudiciales de las políticas proteccionistas y
distorsionantes que por varias décadas han aplicado los países del Norte
y que ahora se pretende negar a los países del Sur. Estos deben ser
preservados como expresión del Trato Especial y Diferenciado y a la vez
aprovechar nuestras potencialidades, aspiración por siempre desplazada.En nuestros países, la actividad agrícola es fundamental para la
supervivencia de millones de ciudadanos que ancestralmente han ocupado y
preservado racionalmente vastos espacios geográficos para provecho de la
humanidad. Las condiciones de vida de millones de campesinos indígenas se
verían seriamente afectadas si ocurre una inundación de bienes
agrícolas importados, aun en los casos en los cuales no exista subsidio. La
producción agrícola es mucho mas que la producción de una mercancía; es en
sentido amplio un modo de vida, es el fundamento básico de opciones
culturales, es una forma de ocupación del territorio; define modalidades
de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas
críticos de la seguridad y soberanía alimentaria por lo tanto, no puede
ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier
producto.Derechos de propiedad intelectual o derecho a la salud
"La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se
expresa nítidamente la oposición de intereses entre los países del Norte y
los países del Sur, especialmente entre las grandes corporaciones
transnacionales y las poblaciones campesinas y aborígenes."Las potencias del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y
global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo con sus
exigencias, cuyos estándares se nos quiere obligar a cumplir sin que medie una
consideración especial y diferenciada para los países en desarrollo.A pesar de que el párrafo 6 de la Declaración de Doha plantea que "no
deberá impedirse a ningún país que adopte medidas para la protección de
la salud y la vida de las personas", todavía se insiste en consolidar
un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en
condiciones muy desventajosas para los países pobres."En las hoy predominantes relaciones asimétricas, las ventajas del
Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen
internacional de definición y protección de la propiedad intelectual
está orientado a acentuar este desbalance. Protege sectores en los cuales
las potencias poseen más ventajas, mientras que, injustamente, deja sin
protección a aquello en lo cual los países del Sur tienen indudables
ventajas: la diversidad genética de sus territorios y el conocimiento
tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes."Los acuerdos sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial
del Comercio obligan a todos los países -después de un período de gracia
para los "menos desarrollados"- a establecer regímenes de protección
muy restrictivos y adversos al interés de los países del Sur.Así por ejemplo, como consecuencia de los derechos monopólicos
otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas eliminarán, a la
larga, la competencia y cobrarán precios más allá de la capacidad
adquisitiva de millones de personas. Según diversos estudios, se ha calculado
que ocurrirán no sólo aumentos significativos de precios como
consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notaria reducción
del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del
acceso a medicamentos de calidad y precios accesibles. Esto es
inadmisible."Los acuerdos de propiedad intelectual no deben constituirse en
obstáculos del derecho de las personas a gozar de los avances científicos y
tecnológicos, del acceso a los medicamentos, educación y alimentos de
calidad. Venezuela reconoce la supremacía de los acuerdos internacionales
en materia de derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y
biodiversidad por encima de la propiedad intelectual de las corporaciones
transnacionales. En cuanto a salud se refiere, hay que defender y preservar
el derecho de otorgar licencias obligatorias a favor de empresas
nacionales para que fabriquen versiones genéricas de medicamentos que
satisfagan las demandas de las poblaciones más necesitadas.El Gobierno Bolivariano de Venezuela también apoya el derecho de los
indígenas y campesinos de proteger su conocimiento ancestral y el de los
agricultores a proteger y utilizar las semillas por ellos producidas.Defender la obligación del Estado de prestar servicios estratégicos
"Las propuestas para liberalizar, desregular y privatizar de forma
absoluta, el comercio de servicios (financieros, telecomunicaciones,
consultoría, ingeniería, turismo, salud, etc.) implica una seria amenaza a
nuestros postulados constitucionales y leyes nacionales, así como para
las políticas gubernamentales de promoción y desarrollo que influyen y
regulan los mecanismos imperfectos del mercado."La pertinencia de mayores o menores niveles de regulación o
intervención estatal es un tema abierto que tiene que decidirse de acuerdo con
las condiciones que cambian permanentemente.La transferencia del mercado de servicios públicos, como la educación o
la salud, amenaza los derechos elementales de los ciudadanos al
transformarlos en simples consumidores de los mismos."El Gobierno Bolivariano de Venezuela sostiene que los países podrán
liberalizar sus servicios de acuerdo con sus prioridades de desarrollo
nacional y no porque lo obliguen acuerdos o tratados internacionales. Se
deben mantener como servicios públicos los indispensables para la
población y los que determine la Constitución y las leyes. En este sentido,
es necesario asegurar un margen adecuado de protección y excluirlos de
cualquier intento de liberalización que impida el acceso de la
población, particularmente de los sectores mas empobrecidos, a servicios
básicos, tales como la salud, educación, justicia, seguridad, etc."En relación con las negociaciones sobre servicios, inversiones,
competencia y facilitación del comercio, vinculados con los recursos
naturales energéticos y sus industrias, la República Bolivariana de Venezuela,
fiel a los principios establecidos en su Constitución, mantendrá la
propiedad, manejo y control sobre los mismos. Por ser considerados de
interés público y de carácter estratégico para la Nación venezolana, en el
marco de las negociaciones y acuerdos internacionales estos sectores no
podrán ser objeto de ningún proceso de liberalización, desregulación o
privatización que limiten el derecho soberano del Estado y el Gobierno
para diseñar y ejecutar las políticas y estrategias de desarrollo más
convenientes al interés nacional.En consecuencia, toda iniciativa y estrategia de negociación sobre los
recursos naturales energéticos y sus industrias se subordina a los
principios constitucionales y legales en la materia, que responden a los
máximos intereses del Estado Venezolano."En esta V Reunión Ministerial de la OMC la delegación venezolana
planteará de manera firme y categórica que, este esquema de comercio, como
otros cuyas propuestas son sesgadas en la misma dirección
liberalizadora, no podrán limitar ni sobreponerse a la potestad y el derecho soberano
de los Estados de regular los distintos sectores de servicios que se
consideren de importancia estratégica para satisfacer las necesidades
básicas y esenciales de su población."